Martín de Mayorga llegó a Santiago de Guatemala como capitán general, en junio de 1773, cuando empezó a temblar, hasta el día 29, cuando ocurrió el terremoto de Santa Marta. Entró en pánico y decidió trasladar la ciudad, en contra del parecer de la población, habituada a la furia de la naturaleza, decidida a reconstruir sus casas.

Ejecutar semejante empresa implicó esperar la autorización real, y ya con esta en la mano obligar a acatarla a todo el mundo. El nuevo asentamiento se oficializó en el valle de la Ermita, el 2 de enero de 1776, llamándose Nueva Guatemala de la Asunción.

La vieja ciudad, la destruida, la abandonada, la desamparada, fue conocida entonces como la Antigua Guatemala. Los pocos habitantes que quedaron, pese a la implacable orden de desalojo, se aferraron al terruño sin causar ninguna transformación. Fue por el auge del cultivo del café, hacia 1860, que la villa se repobló y las casas fueron reparadas bajo el influjo del Neoclásico.

Aquella decisión arbitraria convirtió al conjunto urbano y arquitectónico en el mejor ejemplo de ciudad del siglo XVIII conservada en América, cuyo valor excepcional de monumentos en ruina la potenció como patrimonio cultural de la humanidad.

Al crearse el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), en 1969, y entrar en vigor en 1972, se tuvieron claras las dificultades del reto, en esencia en dos grandes frentes: 1. Limpieza, puesta en valor y conservación de los monumentos; 2. Dar a conocer la magnitud e importancia del bien a conservar.

No olvidar que algunos monumentos eran usados como botaderos de ripio de obras públicas y particulares; otros estaban ocupados por indigentes, pero todos estaban (y siguen estando) en condiciones estructurales de inestabilidad, lo que requirió, para lo primero, capacitar personal que desconocía las técnicas y materiales constructivos tradicionales perdidos con el paso del tiempo. Para lo segundo se creó un programa educativo (1978) que atendió a 10 mil escolares al año, fortalecido e implementado a lo largo del segundo período de conservación, bajo mi responsabilidad, hasta 1986.

Un movimiento de vecinos rescató la vieja asociación Amigos de Antigua (1932), dispuesta a ofrecer apoyo para la conservación y desarrollo de la ciudad; no logró su objetivo. En 1999 surgió la asociación de vecinos Salvemos Antigua, que de inmediato se registró en el Ministerio de Cultura y Deportes, al amparo del artículo 59, Reconocimiento de Asociaciones, de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. A lo largo de 11 años y la edición de 42 números de su boletín bimensual formuló programas educativos, con énfasis en el patrimonio cultural, su conocimiento, conservación y desarrollo. Con el apoyo de Adesca produjo un video didáctico y adquirió equipo de proyección.

Hoy, a sugerencia del viceministro del Patrimonio Cultural y Natural, arquitecto Mario Roberto Maldonado, el licenciado Max Araujo investigó sobre los programas de Vigías del Patrimonio Cultural desarrollados en México y Colombia. “Consisten en una estrategia de participación ciudadana gestada por las autoridades de gobierno del sector cultura para reconocer, valorar, proteger y divulgar el patrimonio cultural mediante la conformación de brigadas voluntarias de ciudadanos que velen por la protección de la herencia cultural, y para ampliar el cuerpo operativo dedicado a la valoración y el cuidado del patrimonio de las localidades y regiones”.

Los ejemplos locales existen y su experiencia es invaluable.

Confío que el ímpetu del viceministro Maldonado se traduzca en apoyo a los esfuerzos realizados.