Vándalos removieron las bancas de la parroquia de La Asunción en Santiago de Chile de la iglesia, el pasado 8 de noviembre. Los manifestantes que protestan contra el gobierno de Sebastián Piñera las usaron de barricadas y destruyeron los confesionarios e imágenes religiosas. En las paredes pintaron “fuego a la Iglesia”. Esto a pesar de que, desde el arzobispado, monseñor Celestino Aós ha expresado su simpatía hacia los reclamos de los manifestantes, incluyendo la reforma constitucional.

Con fuego y armas hechizas, un grupo de mujeres semidesnudas asaltaron la catedral de Argentina durante el Encuentro Nacional de Mujeres, en octubre. Otro tanto hicieron unas feministas en México, el 29 de septiembre: quisieron incendiar la catedral, e hicieron pintas proaborto en sus paredes. El 20 de marzo, unos encapuchados atacaron con una bomba molotov la iglesia San Antonio, en Uruguay, quemando la puerta principal y provocando otros daños. En enero del 2018, una turba incendió una iglesia católica en Arequipa, Perú, justo antes de que el papa Francisco arribara a ese país.

En mayo, durante las protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, los Guardias Nacionales Bolivarianos ingresaron, en moto, en una iglesia de Caracas, cuando recién terminaba la misa. Tras ellos entró “una horda” como de 40 personas. Lanzaron bombas lacrimógenas. Cincuenta personas resultaron heridas. Desde Nicaragua llegan informes de confrontación. Las autoridades prohibieron las misas de acción de gracias para celebrar graduaciones. Como de la novela de George Orwell, el Gobierno usa el “doble hablar” al tachar de vandálico y fascista al sacerdote Edwin Román, de la parroquia San Miguel, en Masaya. El padre Román expresa su opinión contra el Gobierno pero no actúa violentamente. Al contrario, mientras un cerco de policías lo mantiene rehén en su propia iglesia, él y unas señoras libran una huelga de hambre para pedir la liberación de presos políticos.

¿Habías pensado que cristianos latinoamericanos son objeto de persecución, como en el Oriente Medio y otros sitios lejanos? Vemos un patrón regional: ciertos grupos recurren a la violencia movidos por su odio e intolerancia. Y a veces, el agresor es el Estado. Quieren silenciar la voz cristiana, aunque dicen ser progresistas y tolerantes de la diversidad. El obispo de Villarica, Chile, monseñor Francisco Stegmeier, acierta cuando dice que la situación en su país (yo agregaría de la región) tiene una causa más profunda que la desigualdad económica: “la construcción de una sociedad sin Dios”.

La progresiva secularización de las sociedades en la región va cobrando víctimas, y no solo de manos de turbas. Pongamos el caso del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, de Argentina. La diputada Marta Milesi lo denunció porque en el 2017 interrumpió el aborto de un bebé de 23 semanas. ¡El bebé salvado ya tiene dos años, y la madre biológica está bien! Pero el Estado ahora lo quiere castigar porque en ese país el aborto se convirtió en un “derecho”.

Debemos luchar por la libertad de expresión y de conciencia, tal y como apuntan los autores que colaboraron en la tercera edición de la revista Fe y Libertad, dedicada a Estado laico y libertad de conciencia. (https://feylibertad.org/revista/vol-2-n-1-enero-junio-2019/) En círculos liberales, la separación de la Iglesia y del Estado fue aplaudida en el siglo XVIII, no para aplastar la práctica religiosa, sino para que pudiéramos seguir, en libertad, los dictados de nuestra conciencia. Una sociedad laica y plural incluye a cristianos. Perseguir a los creyentes es antiliberal: que nos sirva de advertencia lo que ocurre, ante todo, en Nicaragua y Venezuela.