Ensayaron el fraude durante las últimas elecciones a rector de la Universidad de San Carlos, con el fin de medir la temperatura ciudadana de cara al gran fraude electoral que se viene cometiendo hace ya varios meses en Guatemala y que se concretará en las próximas elecciones generales. Y probaron dos cosas: que la institucionalidad del Estado guatemalteco funciona hoy orgánicamente para la corrupción y la impunidad y que la ciudadanía tiene más interés en sobrevivir que en los asuntos de un Estado inexistente o fallido para muchos.

Dice Fabrice Lehoucq que “…a modo de aproximación inicial, se define al fraude electoral como el recurso a acciones clandestinas para alterar los resultados electorales”. También señala que no abundan los estudios académicos sobre el fraude, porque “nadie que haya adulterado las urnas querrá dejar un rastro de pruebas incriminatorias”. Y asegura que, para los científicos sociales, el fraude es difícil de estudiar objetivamente, porque la mayoría de las fuentes que ofrecen información no son objetivas. Pero ya hay estudios que, en los últimos 25 años, han comenzado a arrojar importantes datos sobre el fraude electoral.

Precisamente Lehoucq concluye, en uno de sus estudios, “que el fraude puede adoptar una amplia gama de formas, desde las violaciones de procedimiento a la ley electoral (con o sin la intención de alterar los resultados) hasta el abierto uso de la violencia en contra de los votantes”. Su segunda conclusión es que, “aun cuando la manipulación del voto es parte integral de la competencia electoral, rara vez desempeña un papel decisivo. En todo caso, el fraude debilita la estabilidad política, ya que puede ser crucial cuando se trata de una contienda muy reñida. Y su tercera conclusión es que “la fabricación de votos se incrementa con la desigualdad, pero la competencia, moldeada en parte por las instituciones, determina las estrategias de los partidos en cuanto al fraude electoral se refiere”.

En Guatemala se viene cometiendo el fraude desde hace ya varios meses, de manera sistemática y orgánica. No por todos los partidos, pero sí por aquellos que son sostenidos por el pacto de corruptos. Incluso hemos dejado de creer en varias encuestas preelectorales porque es evidente que están patrocinadas por la misma alianza mafiosa que busca sentar en el Guacamolón, el Congreso y las alcaldías a los candidatos que defenderán sus intereses.

En el Congreso hay, desde un par de años, operadores afines a estos partidos que apoya el pacto, generando o modificando leyes y viciando procesos como el de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el tiempo debido, así como la elección de un procurador de Derechos Humanos a la medida del pacto mafioso, entre mucho más. En la Corte de Constitucionalidad también han colocado peones afines que orientan desde el más alto tribunal jurisdiccional acciones que defienden los intereses de los candidatos a la presidencia afines al pacto, mientras ignoran la misma Constitución. ¿Y qué decir del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, arbitrariamente, ha dispuesto quiénes sí y quiénes no pueden entrar a la contienda electoral?

Ahora los partidos “punteros” son milicias al servicio de los intereses del pacto de corrupción. La compra de votos sigue siendo un asunto serio en un sistema político de un país empobrecido y señalado por corrupción, como el nuestro, porque mucha gente cree, de verdad, en los favores y/o dinero que ofrecen los candidatos a cambio del voto. ¿Cuando seamos más civilizados y más éticos lograremos ser seres morales y la política el arte que no logra ser? Ya lo dijo Saramago en su maravilloso Ensayo sobre la ceguera, “la consciencia moral, a la que tantos insensatos han ofendido y de la que muchos más han renegado, es cosa que existe y existió siempre, no ha sido un invento de los filósofos del cuaternario, cuando el alma apenas era un proyecto confuso.” ¿Y usted, va a votar?