Guatemala atraviesa una crisis político-institucional que se caracteriza por una regresión autoritaria y está enfocada en detener las investigaciones y procesos judiciales en contra de las redes ilícitas de gran corrupción y de quienes fueron responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

La alianza para garantizar la impunidad por los delitos del presente y del pasado es amplia y poderosa. Tiene dinero para pagar costosas campañas de lobby internacional y también para comprar voluntades de jueces y diputados; financiar campañas políticas y desvirtuar los procesos electorales.

Los incentivos económicos, provenientes incluso de capitales ilícitos, son el aceite de la maquinaria pro-impunidad y un peligro latente que amenaza nuestra democracia. Vean ustedes cómo la aprobación de leyes en las últimas legislaturas —y esta no es la excepción— está basada en la oferta y la demanda y cómo se invierten enormes cantidades de dinero en los procesos de elección de cortes, que incluyen el financiamiento de grupos gremiales y el mantenimiento de universidades “patito” con tal de agenciarse un lugar en las comisiones de postulación. El objetivo no es otro que garantizarse resoluciones a la medida y sacudirse a esos escasos —pero molestos— magistrados, jueces y juezas independientes que han resultado un valladar en su camino.

Ahora que están envalentonados por el cierre de la Cicig y el realineamiento del MP, emprendieron la venganza contra las personas más visibles que encabezaron, acompañaron y apoyaron la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los primeros en la lista son las y los fiscales, jueces y magistrados independientes que, a pesar de los costos que eso conlleva en un país como el nuestro, siguen dictando resoluciones apegadas a la ley y resistiendo las presiones y los ataques de todo tipo.

Una de esas juezas, a la que desde hace muchos años persiguen y atacan, es Yassmin Barrios, una juzgadora incorruptible que ha debido enfrentar toda clase de agresiones y embestidas de estos grupos de poder fáctico que la quieren lejos de una judicatura. La jueza Barrios cobró notoriedad pública con el proceso judicial por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, que le valió un atentado con granada en su vivienda justo cuando debía dictar sentencia. Y aún así, la dictó. Y aunque su tribunal ha conocido procesos contra narcotraficantes, pandilleros, extorsionistas, integrantes de bandas de violadores y sicarios, han sido las sentencias relacionadas a graves violaciones contra los derechos humanos las que no se le perdonan.

La resolución en el caso por genocidio en 2013, proceso durante el cual enfrentó amenazas de muerte, hostigamiento y vigilancia; prácticas de litigio malicioso, una campaña mediática feroz basada en la desinformación y las calumnias, y más de una decena de denuncias, demandas y solicitudes de antejuicio; y también la sentencia condenatoria contra los responsables de la esclavitud sexual de las mujeres de la comunidad Sepur Zarco, le siguen pasando la factura.

Ni hablar de cuando la jueza Barrios ha fundamentado resoluciones que muestran cómo se utiliza el derecho penal para criminalizar a autoridades y líderes de los pueblos indígenas que defienden sus territorios y recursos naturales. Eso y no otra cosa es que lo que hay detrás de una nueva denuncia penal interpuesta en su contra por haber aceptado en 2015 el premio al “Coraje Civil”, que incluye un reconocimiento económico, por su lucha a favor de la justicia en Guatemala.

Del tamaño de su valentía y su independencia son los ataques que recibe. Del tamaño de la cobardía y el miedo hacia una jueza que no se vende ni se amedrenta es el hostigamiento que no cesa. Y de esa magnitud debe ser el respaldo y la solidaridad de un pueblo harto de tanta impunidad.