MACROSCOPIO

Con nuestros pies no con muletas

Desde el anuncio del fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reacciones de todos lados no se han hecho esperar: jueces y magistrados la quieren y otros no; lo mismo pasa con los diputados y los políticos y, por supuesto, la comunidad internacional ya dio su opinión.

El tema de la Cicig debe ser analizado, según la opinión del abogado constitucionalista Stuardo Ralón, desde dos puntos de vista, siendo el primero: los logros de la Cicig, en los siete años que tiene en el país, y este punto es clave, ya que han sido verdaderamente escasos. Realmente no hemos visto la desarticulación de los poderes paralelos criminales enquistados dentro del Estado, no hemos visto acciones contundentes contra la corrupción, ningún caso en los que se han hecho acusaciones y presentado pruebas ha tenido una sentencia condenatoria con su apoyo.

El presidente Otto Pérez Molina ha manifestado que no prorrogará su mandato, y como estrategia para no mostrar su inflexibilidad creó una comisión integrada por el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal, para que evaluara el trabajo que ha realizado. Lógicamente dentro de estas instituciones hay poderes paralelos que podrían, ante la ineficiencia de la Comisión, darle su visto bueno, o por temor a que algún día sí funcione, vetarla.

La Comisión ha tenido tres comisionados, los primeros dos se excedieron en sus funciones y cayeron en actos ilícitos, donde se montaron escenarios falsos como lo expresara un testigo falso, que desmintió los hechos en el caso de los hermanos Valdés Paiz, pues dijo que fue sobornado. Ejercieron presiones a autoridades judiciales.

Nos gustaría ver un informe circunstanciado de sus acciones. Resultados y costo de cada uno de ellos. Por supuesto, eso nunca lo tendremos, pues los fondos son del extranjero

El otro punto por analizar es la condición que protege su actuar. A la Comisión no se le pueden pedir cuentas, es totalmente impune, pues todos sus funcionarios tienen inmunidad diplomática.

Guatemala, es cierto, necesita una reforma judicial, pero la pregunta es: ¿Es la Cicig el ente que dará la normativa necesaria? Definitivamente no.

La reforma se debe basar en tres ejes principales, pasando por leyes probatorias que incluyan a varias dependencias del sistema de investigación, controles y justicia. Los tres principales:

1o. La Contraloría General de Cuentas debe tener normas claras que fortalezcan su capacidad de investigación como su interacción con las fiscalías.

2o. Es necesaria un reforma procesal que comienza por el cumplimiento de los plazos en los juicios y la necesaria regulación de las leyes, como la de Amparo; actualmente se abusa del recurso indiscriminadamente.

3o. Se deben crear incentivos y métodos de selección para que la calidad de los juzgadores sea la idónea y sean los mejores profesionales del Derecho quienes ocupen juzgados y magistraturas. El apadrinamiento de la Cicig no ha sido para nada el mejor, no hemos visto propuestas y menos un solución a la problemática.

Los colombianos se encontraban en una situación similar a la guatemalteca y fueron fortaleciendo las instituciones encargadas de la justicia sin necesidad de injerencia internacional llena de privilegios como la Cicig.

Los que apoyan a la Cicig, ¿cuánto tiempo más le darán para que cumpla a cabalidad con su mandato? ¿otros siete años, 14 o ad eternum? Caminemos con nuestros pies, no con muletas.

hupretij@hotmail.com