Las elecciones pasadas que se realizaron después de la orden de captura de la ex vicepresidenta Baldetti y del expresidente Otto Pérez, mantuvieron de cierta manera el mensaje que el pueblo de Guatemala había lanzando públicamente desde abril y es el que exige un cese a la corrupción y el establecimiento de un régimen de transparencia en los círculos oficiales del gobierno y en todos los niveles del Estado.

Por lo que debe entenderse el voto por Jimmy Morales como el voto de castigo al sistema político tradicional y el voto por Sandra Torres como el voto de compromiso con el desarrollo social, especialmente de las mujeres rurales. Claro está que, como dijimos anteriormente, esto también da al país dos opciones políticas definidas, el voto por un candidato de extrema derecha, con vínculos militares —incluyendo a Byron Lima—, o el voto por una candidata de centro izquierda comprometida con programas sociales.

En este escenario, tampoco podemos descuidar el papel que juegan los medios de comunicación tradicionales si pretendieran impulsar una candidatura, por lo que el pueblo de Guatemala debe tener una visión particularmente crítica al leerlos o escucharlos.

Hoy, sin embargo, el desafío vuelve al Congreso de la República, pues tiene en este corto plazo varios temas urgentes que resolver. El primero es la solicitud del presidente Maldonado y la demanda de sectores del pueblo de Guatemala por la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes de la segunda vuelta, dejando su entrada en vigencia para el año próximo, pero igualmente dejando establecidos los mecanismos de trasparencia en la vida política del país, en las finanzas y el manejo de la comunicación electoral. El próximo gobierno asumirá al poder con la demanda de establecer mecanismos de transparencia en su gestión, verificables por la sociedad civil y a prueba de toda duda.

El otro tema es el de aprobar un presupuesto con una lógica social y que responda a las demandas más sentidas del desarrollo económico social del país, la población no debe aceptar maniobras y componendas de los diputados sobre el presupuesto que además encubra o permita la corrupción, con sistemas no transparentes de licitación y concesión de contratos u otros mecanismos, y es que a pesar del escándalo del descubrimiento de la banda La Línea, y sus consecuencias, las aduanas han continuado operando sin los controles necesarios.

Esta nueva definición de prioridades en el presupuesto implica priorizar la salud, educación, seguridad y justicia por encima de otros gastos, y en particular implica combatir la pobreza y extrema pobreza que se manifiesta en el país.

Debemos mantener la presión y los ojos puestos sobre el Congreso de la República en estos dos temas impostergables, especialmente cuando la comisión de Finanzas está integrada por diputados de Líder y del Patriota, en su mayoría.

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