La semana pasada, el Congreso aprobó de manera desordenada un presupuesto que no satisface a nadie. Entre otras cosas, redujo el presupuesto para la salud y asignó un monto importante de recursos para financiar una serie de ONG nunca evaluadas de manera técnica e independiente.

Este comportamiento de los diputados conduce a preguntarse si su autoridad en relación al presupuesto no debiera estar sujeta a ciertos límites. En vez de que los diputados pongan candados, quizás sería más útil que los diputados estuvieran sujetos a candados.

Hay países donde el poder Legislativo solamente puede aprobar o rechazar el presupuesto presentado por el poder Ejecutivo, como en Chile. Otros poderes legislativos pueden aprobar o rechazar presupuestos y también se les permite realizar cambios, pero dentro de ciertos límites: solamente si son reducciones del gasto, por ejemplo.

En Guatemala, el artículo 171 de la Constitución le atribuye al Congreso no solo la autoridad para aprobar o improbar el presupuesto, sino también para modificarlo, sin límites.

A la luz de nuestra historia convendría evaluar si no convendría un eventual cambio constitucional para restringir su espacio para modificar el presupuesto. Mientras tanto, ameritan atención otras opciones.

Una buena noticia es que la Contraloría, ahora fortalecida por un acuerdo de cooperación con la Cicig, tendrá mayor capacidad para evaluar los vínculos de diputados con obras y ONG. Es un candado preventivo para diputados potencialmente corruptos.

Por otra parte, el presidente puede vetar legislación aprobada por el Congreso, pero tiene que hacerlo dentro de los quince días siguientes a su fecha de recepción. Significa que el presupuesto recién aprobado no podría ser vetado por Jimmy Morales, por no ser el presidente en funciones. Pero no debiera descartarse el uso del veto presidencial como arma de negociación para presupuestos futuros.

Ojalá que en el futuro Congreso puedan tener mayor protagonismo los diputados más capaces y honestos. La conformación de la próxima Comisión de Finanzas debiera recibir la máxima atención para asegurar que la integren diputados con conocimiento técnico del presupuesto, sujetos a una auditoría social que ahora debe ser más activa que nunca.

En otros países estas comisiones son clave, pero la última de Guatemala acaba de demostrar su falta de solvencia. A más largo plazo se justifica crear una agencia independiente de apoyo presupuestaria para asesorar al Congreso, integrado por profesionales seleccionados exclusivamente de acuerdo con su mérito. Estados Unidos tiene una agencia del presupuesto que asesora al Congreso y proporciona información al público en general.

En Guatemala, una agencia así contribuiría a que las modificaciones presupuestarias fueran más transparentes, sujetas a evaluaciones técnicas, y a que la fiscalización y el cumplimiento de algunas de las normas de transparencia aprobadas por parte del Congreso no se quedaran solo en el papel. Mientras tanto, la auditoría social, aparte de la justicia, es una de las pocas maneras de imponerles candados a los diputados.

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