Los gobiernos deben responder a una ciudadanía activa y participativa y deben rendir cuentas a la misma de todo lo que hagan para validar su acción y sus decisiones. Es por eso que en una Democracia real el Poder político radica en el pueblo. El estado busca “el bien común” y persigue responder a las prioridades establecidas por los ciudadanos.

Nuestra Constitución Política dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega a sus representantes electos. Pero esto funciona si y solo si: 1. La ciudadanía está plenamente informada; 2. El ejercicio del voto y de todo el sistema electoral está dirigido a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la población; y 3. Todos los candidatos y partidos compiten en condiciones iguales.

Por supuesto, estas son las tres condiciones que en Guatemala son violentadas, pues: 1. La ciudadanía no propuso a sus candidatos ni conoce su historia de vida, pues su nominación es producto de componendas partidarias y de manejo de dineros para comprar las candidaturas, sin importar la trayectoria de vida, experiencia, ética o formación de los candidatos, 2. el voto funciona como clientelismo comprando las empatías con cachuchas, playeras y cubetas, no como el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, que garantice el acceso al voto y la transparencia del proceso; 3. los fondos de campaña y la publicidad electoral han sido infiltrados por dinero sucio producto del crimen organizado o de élites corruptas.

Esto ha permitido que el sistema político guatemalteco se corrompa a extremo de que los partidos no presenten realmente una propuesta de reestructuración del Estado y del modelo democrático, y los diputados se limitan a mantenerse en campaña electoral permanente sin importar el partido, ni las propuestas, ni los deseos de sus bases de distrito.

Es todo esto lo que hay que cambiar para que el quehacer político de Guatemala cobre sentido, por lo que urge la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero en esto debemos de estar claros que los diputados del Congreso son los menos interesados en que estas reformas se realicen, por lo que, legítimamente, el pueblo de Guatemala debe obligarlos a que escuchen las demandas populares de realizar estas reformas antes de las elecciones porque después nunca se realizarán.

La Reforma de la LEPP es tan importante que bien vale la pena retrasar las elecciones, o incluso enfrentar el proceso electoral. De qué orden institucional hablamos, o de qué Democracia hablan los partidos políticos si imponen arbitrariamente sus decisiones y su corrupción. No podemos hablar de un “orden constitucional” que reproduzca el mismo fenómeno de siempre y que sea la corrupción quien lleve al poder a diputados y gobernantes, esa ha sido la práctica usual y el pueblo de Guatemala está harto y debe demostrar su indignación.

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