EN JULIO DEL 2015 SE EFECTUÓ el Octavo Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, en el cual los sectores productivos del país debatieron sobre ética y corrupción. En esa actividad se escucharon discursos referentes a la necesidad de vincular la ética con los negocios y que esa visión de honestidad y transparencia debía guiar todas sus labores. Los líderes empresariales insistieron en que no es posible aceptar ningún negocio fraudulento que vaya contra esos principios éticos. Menos de un año después ese discurso ha quedado en palabrería barata. Ese mismo sector empresarial considera de urgencia que la Terminal de Contenedores Quetzal entre a funcionar sin importar que se haya gestado por medio de un contrato lesivo para el Estado y que haya implicado sobornos por más de Q32 millones.

LA CICIG Y EL MINISTERIO PÚBLICO dieron un importante golpe la semana pasada al revelar la estructura criminal, encabezada por el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que permitió el contrato de la terminal portuaria, el cual simuló la existencia de una concesión. Esa acción es ilegal porque el Estado no puede concesionar servicios en los que obtiene utilidades, tampoco se efectuó una licitación y las autoridades que suscribieron el documento tenían impedimento para hacerlo. A todas luces se trató de un negocio corrupto, sobre el cual debe declararse la nulidad absoluta.

ESTE AVANCE EN LA LUCHA contra la corrupción no es asumido de igual forma por el sector empresarial. Las cámaras de Comercio, de Industria y Agexport, por ejemplo, tienen una actitud pragmática. De las declaraciones de sus representantes se lee entre líneas que el contrato pudo haber sido lesivo, pero eso no es trascendental porque lo importante es que funcione. “Para Agexport es importantísimo que la terminal de contenedores entre a funcionar. Es vital para la competitividad del país”, dijo Rolando Paiz, presidente de esa asociación. Es el mismo estilo de enfrentar situaciones de este tipo, tal como ocurrió con los oscuros negocios detrás de la privatización de Guatel o la concesión de la autopista Palín-Escuintla. La frase “el fin justifica los medios”, atribuida a Maquiavelo, sirve para entender esa perspectiva empresarial que tiene una ética muy elástica para asumir el mundo de los negocios.

ESE PRAGMATISMO ES EL QUE ha llevado a sectores empresariales a ver con malos ojos el trabajo de la Cicig y el MP, y por extensión de la comunidad internacional, porque no les gusta cuando la lucha contra la impunidad trastoca sus intereses. Es rebonito, como diría Baldetti, si afecta al Gobierno, pero es refeo si involucra a empresarios. Eso ocurrió cuando la Cicig logró la captura en el 2010 del exministro de Gobernación Carlos Vielmann por ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno proempresarial de Óscar Berger. Pero un caso reciente que causó más dolores estomacales al empresariado fue la revelación de la defraudación fiscal de Aceros de Guatemala por más de Q255 millones. Ese caso tocó las fibras más sensibles de la cúpula del Cacif, accionistas de bancos del sistema, de ingenios azucareros y cultivos de palma africana. Por eso es importante que el presidente Jimmy Morales asuma su responsabilidad y declare la nulidad absoluta del contrato en la Portuaria Quetzal. El gobernante debe dejar de lado su actitud ambivalente ante este caso, porque en el combate de la corrupción no caben medias tintas ni intereses faccionales.

@hshetemul