“La corrupción de los corruptos”. A eso se reduce el asunto. La presencia o ausencia de ética y honestidad permea transversalmente todo el Estado, desde la cabeza hasta el barrendero que limpia las calles. No hay puesto gubernamental alguno que no esté sujeto a este imperativo ético.

Guatemala enfrenta retos de gran magnitud en temas de pobreza, exclusión, salud, educación, infraestructura. La lista es tan grande como la presa que va en aumento. Y para complicar aún más el problema, indigna que no sean recursos lo que más nos falte, sino honestidad y transparencia. Algo que está ahí, a la mano, en nuestras narices, para poder tomarlo y ponerlo en práctica. Para hacerlo nuestro.

Recursos siempre serán insuficientes, pero el mayor desafío sigue siendo gastarlos bien, sin robos, despilfarros y manoseos. ¿Habrase visto semejante horizonte para un país con tal futuro de incertidumbre que esta absurda limitación propia?

Escribe el profesor Javier Flax, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en su ensayo sobre El soborno como obstáculo institucional:

“El enfoque que le daba el ex fiscal Luis Moreno Ocampo sobre el fenómeno de la corrupción, al tomar una célebre fórmula del especialista Robert Klitgaard (Klitgaard, 1994: 85) y le hacía una pequeña modificación para expresarla en los siguientes términos: C = M + D – T, que significaba que la corrupción era igual al monopolio de la decisión, más la discrecionalidad en la toma de decisiones, menos la transparencia que debería haber en las acciones de quienes tienen atribuciones para tomar esas decisiones. Moreno Campo iba más allá y consideraba que esa fórmula era aplicable al régimen político que gobernaba por entonces, asimilando C a PH (poder hegemónico). Desde nuestro punto de vista, su perspectiva era correcta, dado que el “decisionismo” del presidente Menem resultaba de una concentración de todos los poderes del Estado y la eliminación de los órganos de control, lo cual posibilitaba un abuso de poder en sintonía con la fórmula arriba expresada”.

Opino que en Guatemala buena parte del problema se centra en la falta de control y en la ausencia de una efectiva aplicación de la ley. Aquí, el crimen paga porque el poder coercitivo de la ley es casi nulo. Nadie es castigado —hasta ahora— y por ende se incentiva la corrupción y el crimen.

Puertos, aduanas, policías, burocracia en todas sus instancias y niveles están sometidos a presiones e incentivos perversos.

El nivel de corrupción es tal que se calcula en un 25 por ciento. Si el presupuesto es de 70 mil millones, el factor “opaco”, como le dicen ahora al robo descarado, alcanza los 17+ mil millones…

Resulta un “jilipoyas” político pedir más impuestos para cualquier cosa en medio de escándalos de la magnitud que vivimos. Hace unas semanas la red del IGSS. Ayer, la red de la PNC con comisarios de la propia Policía Nacional capturados por robos descarados. Ni entremos a auscultar el caso de La Línea…

Enfrentémoslo, el problema y la solución de este país está íntimamente ligado a la probidad y honestidad de los servidores públicos. Desde la cabeza, pasando por los padres de la patria, el juez, el policía hasta el empresario y ciudadano shuco.

Muchos no perdemos la esperanza. Se respira un aire de cambio, rendición de cuentas, justicia.

Ábranse ventanas, entre la luz, rieguen la sal…

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