Si de algo se habla últimamente es de la corrupción. Incluso el lema de campaña del presidente electo: “Ni corrupto ni ladrón”, posiciona el tema y lo destaca como la mayor preocupación sentida por la ciudadanía en esta primaveral revolución, de la que ojalá no salgamos. La palabra “corrupción” es la guillotina que decapitará a cualquier funcionario que continúe con las deleznables y delictivas prácticas del pasado.

Aunque se ha acusado de corruptos (y encarcelado) al expresidente Pérez, a la ex vicepresidenta Baldetti y a un significativo número de diputados —impedidos por la justicia para tomar posesión de “su” curul en la próxima legislatura—, poco o nada se ha dicho de quien está en el vértice de la pirámide del problema: la Contraloría de Cuentas, y sus funcionarios.

Todo cuanto ahora sale a la luz pública: corrupción en puertos, en la SAT, en el Congreso, en la obra pública, en las actuaciones de funcionarios, en la compra de medicinas y otros insumos, Fedefut, etc.; pudo —y debió— ser detectados por la Contraloría, entidad responsable primaria que no se preocupó de supervisar, encontrar y denunciar las diferentes irregularidades y delitos evidenciados por la justicia con suficientes pruebas.

En casi todas las instituciones existen contralores que certifican el gasto público. Un ejemplo es el fondo rotativo del Congreso, que ha servido —documentado en variadas ocasiones— para justificar pantagruélicas comidas y orgías de licor de “los honorables”, además de haber llenado tanta veces el depósito de combustible de carros de diputados que hubieran podido recorrer varias veces el país, ¡el mismo día! Esos contralores “asignados” certifican continuamente que el gasto se ajusta a lo estipulado y nunca, a pesar de que se revelan suficientes irregularidades, han destapado un solo caso. La Contraloría se caracteriza por verificar a posteriori, después de que los medios de comunicación o el MP evidencian el tema, pero ha sido incapaz de hacer su trabajo con la acuciosidad esperada de ese ente fiscalizador. La Fedefut es el ejemplo más reciente.

A la anterior contralora general se le subió desorbitadamente el sueldo por el Gobierno saliente —¿pago anticipado del silencio que luego vendría?—, los ministerios otorgan plazas a hijos y familiares de auditores y jefes de la Contraloría como pago para que sean condescendientes con ellos y muchos extrabajadores, despedidos tras los cambios de contralor, van a “asesorar” oficinas del Estado. También han salido a la luz casos de connivencia entre la entidad contralora y algún funcionario ministerial. A través de la primera se envía un mensaje al contratista sobre la necesidad de avenirse a ciertas condiciones económicas o, de lo contrario, el informe no saldrá redactado en las condiciones esperadas.

El reclamo por depurar instituciones y terminar con la corrupción ha dejado escapar el chequeo y exigencia a la Contraloría General de Cuentas. ¡Un gran error! La institución permanece en silencio, prefiriendo que la población lance sus dardos hacia el Congreso o el Ejecutivo, e ignora que son ellos quienes realmente tienen la misión constitucional de que el dinero se gaste correctamente, aunque hayan hecho la vista gorda o, como apunta algún caso, compartido espurios intereses con funcionarios corruptos.

No nos perdamos. El responsable último de las miserias económicas que como país padecemos por abusos de inescrupulosos políticos se llama Contraloría General de Cuentas y hay que exigirle la responsabilidad pertinente de la omisión del momento actual, pero también de la inacción hacia del pasado.