Augusto Tito Monterroso se preguntó: “¿Cuántas verdades elude el ser humano?

La pregunta viene como anillo al dedo cuando vemos la precaria institucionalidad judicial con pesados procesos causados por la corrupción y el desgobierno. Un proceso judicial lo único que busca es la verdad, no más.

Los delitos contra el erario público están siendo juzgados, y no cabe duda de que existe un gran avance porque acá los enemigos de la democracia y el derecho maman del presupuesto estatal. Pero los delitos contra la vida son más difíciles de combatir con la misma rigurosidad. Es cierto que han caído sicarios de casos de impacto, pero los ideólogos aún andan por la calle. La justicia tiene su dinámica cuesta arriba porque es muy difícil, casi imposible, condenar a gente con poder, influencias o dinero.

El caso de la muerte de Cristina Siekavizza desnuda, de cuerpo entero, lo difícil que en nuestro medio es buscar justicia: Cristina desaparece; su marido. por formas inusuales y escurridizas denuncia un secuestro; existieron rastros de sangre en la alcoba matrimonial, ocurrió una mudanza absurda del hogar familiar y limpieza con enseres industriales; movimientos de carros sospechosos, horarios inusuales, pérdida de evidencia desde las primeras horas y hasta los videos de la colonia fueron “de forma misteriosa” borrados.

Después de la desaparición, regresa la suegra de Cristina del extranjero y con ella se dibuja una difícil frontera… ¿En dónde empieza el sagrado derecho a no denunciar a un familiar y cuándo se convierte en cómplice o en obstructor judicial?

Se tiene la certeza de que Cristina fue asesinada, sin embargo, la defensa legal en el proceso penal señala que está viva y orate en algún lugar del planeta; se aprovecha de una circunstancia, demasiado común en nuestro medio: el cuerpo jamás apareció. Poco importa un axioma fundamental: el respeto a la víctima. Poco importa que el sindicado se haya fugado a México con sus hijos, les haya cambiado apellido y vivieran en la clandestinidad recibiendo dinero de forma fraudulenta desde Guatemala y, por supuesto, sin mover un dedo para “encontrar a su esposa” porque, claro, la sabía muerta.

Vivimos en un país donde el robo genera más repudio que el asesinato, donde se trata de deslegitimar la lucha de una familia con base en prejuicios, desconociendo que el dolor por la pérdida de un hijo solo es superable por su desaparición y que en ese caso era imposible realizar todo lo que se hizo sin la ayuda de gente con muchísimo poder e influencias; además, ningún abogado puede responder por qué este caso no se conoce por la justicia especializada de protección a la mujer.

El caso de Cristina Siekavizza integra 4 grandes males radicados en el país: el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, la violencia doméstica, la obstrucción a la justicia y el tráfico de influencias. Un caso que se debió resolver hace mucho tiene sus audiencias intermedias y un juez debe decidir sobre si el proceso penal cumple su fin: conocer la verdad. Esperemos a ver si nuestro sistema judicial está en vías de consolidarse o si vivimos espejismos.