El Estado guatemalteco conservador y carente de políticas sociales, ha ejercido una forma de terrorismo: una represión no tradicional y sistemática a buena parte de la ciudadanía por medio del hambre, el miedo, la ignorancia y la pobreza, además de justificar la necesidad de “seguridad” para combatir a las maras y el crimen organizado (que existen, pero resultan trabajando muchas veces de la mano de ese mismo Estado).

Hace ocho meses se produjo un incendio en una institución estatal de protección y abrigo de niñez y adolescencia, denominada “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. En el organigrama del Estado, este Hogar aparece conectado directamente con la Secretaría de Bienestar Social y esta, a su vez, con la Presidencia de la República. El primer conteo de aquel 8 de marzo fue de 19 adolescentes calcinadas; horas después las cifras habían subido a 41, más otras 15 sobrevivientes, en condiciones lamentables. En total, 56 adolescentes directamente afectadas por un hecho que aún no termina de esclarecerse. Fuerzas policiales (PNC) dentro del Hogar “cuidaron” el aula donde se quemaron las jóvenes, cuya puerta estaba cerrada por fuera, con candado. Por instrucciones superiores, tenían órdenes de no moverse de allí. Una de las características de un Estado terrorista es que defiende de día un orden jurídico que luego en la clandestinidad profana y usa a sus agentes para ejercer torturas y cometer violaciones de derechos humanos, incluso desapariciones. Dos días después del hecho, el entonces relator contra la Tortura dio declaraciones en el Congreso de la República que todos escuchamos y quedaron en acta: meses antes del incendio, él había denunciado ante el Ministerio Público casos de violaciones y otro tipo de torturas dentro del Hogar.

E Hogar ha sido cerrado y los restantes casi 600 niños, niñas y adolescentes que estaban dentro entonces han sido relocalizados o reintegrados. Relocalizados en otros centros que no cuentan, en general, con las condiciones adecuadas para su atención y protección integral; reintegrados casi siempre a familias directas o sustitutas que viven en las mismas condiciones no idóneas de antes. El 16 de octubre, la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar un recurso de apelación interpuesto y solicitó a la autoridad cuestionada que en cinco días tomara las acciones pertinentes, para luego informar a la CC en un plazo de 10 días cómo se garantizarán los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, debiendo velar especialmente por la salud mental y física de aquellos que estuvieron internados el día de los hechos denunciados.

Algunas de las jóvenes sobrevivientes, más allá de las pesadillas y los traumas severos que padecen, han perdido nariz, orejas, dedos de pies y manos, incluso piernas o brazos. De aquí en adelante, la complicación será aún mayor para ellas, porque el relato contemporáneo de Guatemala sigue hablando de marginación, exclusión, falta de oportunidades, violencia y casi un 70% de pobreza. De hecho, somos el único país de América Latina que no ha podido bajar en dos décadas las cifras de pobreza, y uno de los 10 países del mundo más violentos y desiguales.

No deja de hacerme ruido lo escuchado luego del incendio, de la boca de muchas buenas personas: “son mareras, bueno está que se quemaran de una vez”. Ni aún siendo mareras se justificaría una masacre como la que se dio en el Hogar Virgen de la Asunción; pero además, no lo eran. Eran adolescentes como cualquier otra, que tuvieron la mala fortuna de nacer entre la pobreza y la violencia. Si los adolescentes en condiciones “normales” y dignas son casi siempre un desafío para sus familias, imaginemos lo que significa criarlos sin dinero y muchas veces sin educación, en zonas “rojas” urbano marginales o áreas rurales empobrecidas, con padres y madres que deben trabajar largas jornadas fuera de casa o les toca criarlos solos. Un acto de heroísmo en esta cultura de la pobreza, tan apreciada por quienes ejercen el terrorismo de Estado.