ya le dejó comprados los libros para el próximo año, solo le falta mandarlos a los departamentos, le quiso poner blindados a él y a su esposa, los que tuvo que devolver cuando se publicó cuánto dinero nos cuesta a todas(s) esa preocupación, y ahora, ya que se va, lo deja protegido para que nada le pase, o sea para asegurarle la vida.

El listado extenso de información clasificada y reservada con el que Colom se despide del gobierno incluye casualmente comidas, bebidas, datos de personal y archivo de monitoreo de medios, y algunas cositas relacionadas con el programa Gobernando con la Gente, que supuestamente buscaba rendición de cuentas, revelaciones que ahora son negadas e incomodan al presidente. Todo esto provoca suspicacias, sobre todo porque esta búsqueda de seguridad la está haciendo la actual SAAS, ahora que su protegido sale del gobierno.

Además de que es una ofensa a la inteligencia de la población y una burda maniobra, que por ser tan descarada no puede pasar desapercibida, aunque “no sea nada del otro mundo”, como dijo Colom, refiriéndose a esta arbitraria medida que restringe información por siete años, desnaturalizando el espíritu de la Ley de Acceso a la Información que tanto esfuerzo costó, sobre todo a las diputadas Rosa María de Frade y Nineth Montenegro.

Esa normativa busca sacar al Estado de la clandestinidad, así lo han sostenido expertos; pavimenta el camino a la democracia y es una oportunidad para la práctica de la transparencia. Estas actitudes discrecionales que clasificaron esa información pretenden escudar en el secreto de Estado datos que probablemente los comprometen, eso es lo que hace pensar esta decisión. Da la casualidad que esta declaratoria de información reservada ocurre después de denuncias de gastos excesivos realizados por la SAAS.

La aberrante restricción de información es, además, una medida inconstitucional, viola nuestros derechos ciudadanos al ocultar en qué se están invirtiendo los recursos, es un retorno a la cultura del secreto, incumple con la obligación del Estado de difundir y amparar la libre circulación de información, y afecta la credibilidad del gobierno. Es una manipulación de la ley que contempla como categorías de excepción: asuntos diplomáticos y de seguridad nacional.

Ya la PDH, la entidad reguladora, después de analizarla, accionó legalmente de manera oportuna y como corresponde. Alfonso Godínez, jefe de la secretaría para el acceso a la información de dicha entidad, aseguró que la información en reserva “no supera la prueba de daño”.

Si este recurso no prospera, como se ve por la reacción del presidente, todavía hay otras medidas legales para revertir la decisión.

Pero lo que llama más la atención es la fuente que origina la restricción: ni el titular de la SAAS, René Francisco González, ni su segundo tienen solvencia moral para hacer tamaña recomendación, y si está tan justificada la reserva, hagan favor de explicarnos la razón por la cual hasta ahora la están aplicando. Esa entidad habría puesto en riesgo la vida del presidente, si realmente creyeran que estos datos que pretenden ocultar fueran un riesgo.

Mucho trabajo le espera a la Comisión de Acceso a la Información de la PDH, el ente contralor de la ley citada. La Comisión de Libertad de Prensa de la APG ha reaccionado, haciendo una alerta internacional sobre esta pretensión de ocultar información con aviesos objetivos.