Para eso fue indispensable legalizar la operación.

De ahí que el 13 de abril del  2010 se promulgó el decreto 16-2010, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica para la celebración y ejecución de contratos de alianzas, cuyo ámbito de aplicación es, entre otros, la creación, construcción, desarrollo, utilización, aprovechamiento, mantenimiento, modernización y ampliación de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de generación, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria, incluyendo la provisión de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de esa Ley y su reglamento. Definió prestar atención a las regiones de menor desarrollo relativo del país, así como respetar el patrimonio cultural de la nación.

Con esa medida, la administración pública mantiene la supervisión, que en principio garantizaría la calidad de la obra, así como el control del gasto, puesto que se trata de fondos públicos. Sin embargo, declina en la iniciativa privada la ejecución del trabajo.

La identificación de los problemas y necesidades a satisfacer debería ser competencia de la administración pública, pues para eso existe y su presupuesto, contrario a la lógica de la eficiencia, mantiene un 60%-70% para salarios contra un 30%-40% para inversión, que le coloca en condiciones de poder contratar a los profesionales y especialistas necesarios. Desafortunadamente, la ley admite se hagan estudios, análisis y propuestas de solución; eso consiente la perversidad en el sentido de dar prioridad a satisfacer los intereses del concesionario en contra de los de la comunidad a la que debería atender, pese a que su ejecución será con recursos del erario nacional.

Afortunadamente en el ámbito de su aplicación, la ley previó que el patrimonio cultural de la nación deberá ser respetado. Caso contrario, tendríamos a inversionistas pretendiendo formular planes de ordenamiento territorial, hacer propuestas de modificaciones a  la legislación vigente o, peor aún, hacer planes de conservación de monumentos, áreas verdes y de centros históricos.

Cierto, ha habido algunos intentos que por obscenos fueron rechazados, por lo que la administración pública debió abortar y empezar de nuevo.