Lo primero es preguntarse hasta qué punto esa dependencia tiene fundamento legal. A partir de ahí, analizar por qué la ley permitiría al Estado intervenir en las comunicaciones privadas de la ciudadanía y cómo se han tejido esos permisos sin disparar alarmas antes de tener la posibilidad de convertirse en procedimientos de rutina, si ya se conocía la existencia y los objetivos de su creación.

Es preciso aceptar que en la actualidad no existe la privacidad absoluta a menos que las personas se retiren a vivir a una cueva en el centro de la selva, sin computadora, sin celular, sin televisión, sin vecinos y sin siquiera un aparato de radio. De otro modo, todos están expuestos a la mirada indiscreta de cualquier individuo capaz de manipular la tecnología con regular habilidad. Por ello los intentos del gobierno por conocer los pensamientos más íntimos de los líderes de opinión, los opositores, los sindicalistas e incluso de sus propios correligionarios, resultan obvios.

Ya es una realidad que lo que debería ser, no es. Es decir, un comportamiento ético y transparente entre ciudadanía y gobierno mediante el cual se establezca el diálogo como un ejercicio cotidiano. Una comunicación abierta en la cual cualquier hijo de vecino tenga la libertad de manifestar su opinión sin temor a represalias. Un ambiente democrático en el cual no impere la violencia homicida. Un sistema de rendición de cuentas y no un despliegue de campañas publicitarias para echarle color a los resultados de un trabajo obligatorio y elemental; son todas ellas ideas muy loables, pero alejadas por completo de la convivencia actual.

Al remitirse a la historia del país de sus últimos 40 años, se supone que Guatemala debería estar inmersa en un proceso de búsqueda de la paz, la justicia y la reconciliación. También su población debería estar más involucrada en la consecución de esos objetivos. Y continuando en esa línea, sus cuadros políticos deberían haber consolidado la institucionalidad como base primaria para el sostenimiento de su democracia. Pero esos “debería” acusan de manera tajante la divergencia entre los propósitos y las acciones. Y entonces resurgen los fantasmas del pasado con la persecución política y la represión de la expresión del pensamiento.

El monitoreo de redes sociales es una actividad realizada con normalidad en estos tiempos por quienes poseen los recursos para hacerlo, es decir, una computadora o un teléfono inteligente conectado a la red. Otra cosa muy distinta son las intervenciones de comunicaciones privadas, lo cual, de comprobarse, le daría un acento nefasto a esa oficinita de la zona 4.

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