La Guatemala del 2016 estará condicionada por lo ocurrido en el 2015 y especialmente por las consecuencias de la espontánea movilización social de abril-agosto. Por una parte, el ámbito judicial continuará recibiendo atención, pero además de los resultados de investigaciones en curso también cobrarán importancia los juicios derivados de esas investigaciones y sus veredictos. Ojalá que el 2016 demuestre que el resultado de los juicios no depende de presiones políticas o de privilegios económicos, sino de pruebas. Lo determinante debiera ser el resultado de juicios en que se pasa de una situación de presunción de inocencia a una de culpabilidad judicialmente bien fundamentada. Y la independencia y compromiso con el estado social de derecho de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que sean electos en el 2016 también será un buen indicador de cuánto podremos avanzar con la construcción de una verdadera república.

Por otra parte, aunque durante el 2015 se fortaleció la dimensión republicana de nuestro régimen político, asociado a cierto refuerzo del estado de Derecho, quedó rezagado su fortalecimiento democrático. La renovación de la clase política tradicional quedó truncada, aunque hubo cambios. Uno es el propio gobierno de Jimmy Morales, resultado de un rechazo a la clase política tradicional, pero sin que este nuevo gobierno necesariamente recoja el sentido mayoritario de los que se manifestaron entre abril y agosto del 2015. El 2016 dará indicios de su capacidad para recoger este sentido mayoritario, pero es fácil identificar al menos cuatro fuentes de dificultades: ausencia de una orientación estratégica del nuevo gobierno, un estado minimalista con limitada capacidad financiera y humana para responder a las reivindicación nacionales, una fuerte influencia empresarial del gobierno que contrasta con las múltiples reivindicaciones a las que estará sometido, y la ausencia de un apoyo decidido por parte del Congreso, no sujeto a una renovación política significativa.

Una de las limitaciones del impacto de la movilización social del 2015 fue que no aseguró una fuerte renovación de la clase política y de la forma de hacer política, evidente en la elección de diputados. Quedó como una tarea pendiente. En el 2016 será clave el surgimiento de nuevos movimientos políticos, no tradicionales, animados por el espíritu y el entusiasmo de las manifestaciones de abril-agosto y tomando en cuenta la desigual realidad que vivimos. Ya están allí. Y será indispensable escapar de la visión polarizada que persiste como herencia de nuestra historia y de nuestra guerra interna, y respetar los derechos de todos para contribuir a que una renovación democrática sea la herencia más importante de abril-agosto de 2015.

Pero a fines del 2015 volvimos a despertar con el descubrimiento de otro dinosaurio en nuestro país: 6 de cada 10 guatemaltecos estaban en una situación de pobreza y 4 de cada 10 ni siquiera podían alimentarse bien. Aunque tuvimos crisis política sin crisis económica, la estabilidad macroeconómica escondía una realidad atroz. Es en parte la herencia de un régimen político que, al reflejar principalmente los intereses de minorías, no tiene la capacidad de contribuir a que cerca del 60% de los guatemaltecos salgan de su situación de pobreza. Esta mayoría requiere no solo un estado de Derecho, sino también una democracia vibrante y un Estado efectivo que la atienda. Es por ello, entre otras cosas, que reducir la pobreza debería ser la orientación estratégica del nuevo gobierno y de los que vengan después.

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