Los guatemaltecos nos encontramos inmersos en una realidad compleja y preocupante, todos los indicadores sociales, económicos y políticos nos son adversos. La situación no sería tan grave si al menos tuviésemos confianza en las autoridades, si supiésemos que los tres organismos del Estado están dirigidos por funcionarios experimentados, responsables y comprometidos. Pero no es así. El Organismo Judicial no logra superar su secular ineficiencia, lo que se traduce en la vigencia de la impunidad y la aberrante lentitud procesal. El Organismo Ejecutivo carece de una agenda de Estado, no hay política pública y la improvisación se manifiesta con mayor rigor. El caso más complejo se remite al actual Congreso de la República, instancia que renunció a legislar a favor de los intereses sociales y que evade su responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo.

Por lo anteriormente expuesto, conviene reflexionar respecto de que hay momentos en la historia de los pueblos en donde cuestionar la viabilidad y el futuro de las instituciones es obligatorio. Guatemala no puede ser la excepción. El fatídico matrimonio entre los agudos problemas que padecemos, con una direccionalidad institucional fallida, provocará ineludiblemente una severa agudización de la crisis generalizada que vivimos, cuyo desenlace implicará consecuencias devastadoras. En lo personal y como ciudadano, apelando a mis derechos elementales y constitucionales, expongo mi rechazo a esperar dos años y medio más para que se produzca un cambio en los poderes del Estado. Porque esa espera fatal implicará cientos de muertos en los hospitales públicos, por falta de recursos, significará cientos de miles de niños expulsados del sistema educativo, implicará la preservación y exacerbación del crimen organizado, reproducirá la falta de empleo para millones de guatemaltecos que se debaten en una angustiante pobreza. Y porque, por dignidad, no estoy dispuesto a soportar el cinismo de la partidocracia corrupta que seguirá dilapidando los recursos de la Nación.

El derecho a la resistencia civil fue incluido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789: “Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el mismo, el más sagrado derecho y el más indispensable de los deberes”. La Constitución de la República expone, además: “Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución” (artículo 45). Y es evidente que muchos de los derechos sociales consignados en la Carta Magna están siendo flagrantemente violados.

Este es el momento en que la historia nos exige a todos los guatemaltecos asumir nuestras responsabilidades inmediatas. No podemos dejar solamente en manos de la Cicig y el MP el complejo proceso de la depuración institucional. Todos los ciudadanos debemos sumarnos a esta tarea, manifestándonos públicamente y organizándonos en todo tipo de colectivos sociales para expresar nuestro rechazo a la cooptación de los organismos del Estado. Iniciar la depuración en el Organismo Legislativo y exigir de este el cumplimiento de sus responsabilidades para con su pueblo; debe ser ahora nuestro punto de partida. Nuestra tarea deberá ser terminar el año vigente con un congreso reformado, con una fiscalización hacia el mismo, constante e implacable. El objetivo está planteado: el pueblo debe hacer suyo el poder público, erradicando toda partidocracia corrupta, responsable directa de todas nuestras desgracias.

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