La Constitución Política de la República, en el preámbulo, reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, así como la promoción del bien común.

Los derechos humanos son garantías que todos y todas tenemos y gozamos para vivir dignamente. Tienen características intrínsecas; son universales, nos corresponden a todas y todas en cualquier parte donde nos encontremos, son intransferibles.

Son irrenunciables, nos acompañan siempre, no podemos abdicar de ellos; son interdependientes, se vinculan unos con otros; son inalienables, no pueden comercializarse. Son imprescriptibles, no caducan; son incondicionales; son inviolables, no pueden ser conculcados y son acumulativos, pueden irse sumando otros. Así lo establecen las declaraciones, convenciones y tratadistas sobre esos derechos, llamados de primera generación.

Pensando en los derechos de la niñez, pero no de la que celebra hoy su día acompañados de sus seres queridos, rodeados de amor y de una vida con felicidad y realizaciones, como debe ser, sino de la mayoría de niños(as) del país, esos que viven en el área rural, en las laderas de los barrancos, en las calles deambulando o “trabajando” de vendedores o de lustradores, en los asentamientos y en el campo, que acarrean agua, ayudan a sus progenitores en las tareas o son niñas madres.

Es un eufemismo asegurar que todos y todas disfrutamos de derechos, pues estos han sido permanente violados por el Estado, con la indiferencia de la sociedad.

La falta de interés y de voluntad política para que se atiendan con prioridad las necesidades de esos niños y jóvenes nos tiene colocados en los primeros lugares en el mundo en desigualdad. En más de 25 años no hemos cambiado. En América Latina fuimos el único país que reportó crecimiento de la pobreza. De los 65 puntos a observar en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya fueron evaluados y acordados otros, ¡sólo cumplimos seis!

Una reciente publicación realizada por una institución del Banco Mundial, “Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe”, señaló que uno de cada dos guatemaltecos ha sido “crónicamente pobre” o sea que ha estado debajo del umbral de pobreza desde 2004. Seguimos reportando muertes por desnutrición crónica e incremento de desnutrición aguda, secuela de la miseria; más de tres millones están en riesgo por vivir en asentamientos o en lugares peligros, seguramente la mayoría son jóvenes y niños.

Los centros correccionales están habitados por jóvenes en conflicto con la ley que pertenecen a ese sector marginado; otro gran número está en las maras provocando sufrimiento; hay otros miles de víctimas de trata de personas, un ilícito en donde Guatemala también tiene un lugar privilegiado.

El fenómeno de la migración de pequeños no acompañados que emprendieron el camino hacia lo incierto desnudó este drama de la niñez guatemalteca, el cual irónicamente se convirtió en un problema de seguridad para los Estados Unidos.

Las condiciones de pobreza y de desigualdad han sido las detonantes de este insólito caso de migración en un país en donde la estabilidad macrofinanciera es reconocida, pero que no ha impactado en el desarrollo humano. Y por eso es tan importante e imprescindible el derecho a saber, que permite conocer y exigir políticas públicas que aborden ese dramático diagnóstico del Estado que tenemos, violador de derechos humanos.

No pretendemos opacar esta celebración para la niñez afortunada, pero sería injusto volver la vista a otro lado y olvidarnos de esas niñas y niños que ni saben que hay un día dedicado a ellos, ni tienen algo que celebrar más que su existencia, que se debe a la admirable resiliencia que los caracteriza.

Tenemos el derecho y la obligación de exigir que todos los niños(as) disfruten de lo que les corresponde.

iliaalamilla@gmail.com