La creación del Estado contemporáneo es resultado del cambio de pensamiento, producto del período de La Ilustración, movimiento cultural e intelectual, derivado de la Revolución francesa, que se diseminó en Inglaterra y Alemania desde mediados del siglo XVIII. En otros países se prolongó hasta el primer tercio del siglo XIX. Se le llamó así porque su fin fue disipar las tinieblas arrastradas mediante la luz de la razón y el conocimiento, con el que se podría combatir la superstición, la ignorancia y la tiranía para construir un mundo mejor; de ahí que el siglo XVIII se conozca como el Siglo de las Luces.

El Estado así creado tuvo por razón primordial garantizar el bienestar de los habitantes de la nación, organizándose según los principios de la democracia representada por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al Ejecutivo corresponde la obra pública. En aquel período hubo importantes desarrollos urbanos y edificios emblemáticos, particularmente en las ciudades de Quetzaltenango, Totonicapán, Cobán y Guatemala. Se construyeron obras en las que París dejó sentir su influjo con la arquitectura neoclásica, su novedoso urbanismo con la introducción del concepto de la Ciudad Jardín y el Art Noveau. Aquella obra pública trascendió a pesar de los diferentes materiales y sistemas constructivos, aunque toda tiene en común una amplia visión de conjunto, calidad de diseño y excelencia de la mano de obra empleada.

En época contemporánea, la educación derivada de La Ilustración regresó al submundo de la superstición y la ignorancia, produciendo individuos que vieron en la política la manera fácil de salir del anonimato económico, despreciando el bienestar de los habitantes de la nación y burlándose de sus necesidades. Llevaron al Estado a un nivel de ineficiencia tal que crearon en el imaginario popular la idea de que la obra pública debía ser subcontratada con el empresariado, que por definición es “ejemplarmente eficiente”.

Del periodo del presidente Álvaro Arzú (1996-2000) recuerdo la inversión en escuelas, centros de salud, infraestructura y carreteras en el departamento Petén, el más distante y relegado desde siempre al desarrollo y comunicación. Durante la campaña política de 1999 fue notoria la manipulación mediática utilizada por el candidato a la presidencia Alfonso Portillo cuando vociferaba: ¡El asfalto no se come! El mercenario de la política ganó las elecciones y durante su gestión (2000-2004) no se hizo obra pública, pero se saquearon las arcas nacionales y la corrupción se instaló en la administración pública; el narcotráfico y la delincuencia organizada se enseñorearon en las instituciones del Gobierno.

La administración de los ahora enjuiciados por ladrones que gobernaron entre 2012-2015 convirtió el Presupuesto General de Gastos de la Nación en su caja chica y la administración pública, en la fuente de corrupción personal más grande de la que tengamos registro. No solo se dejó de hacer obra directa, sino que los contratos suscritos fueron fuente de descomposición burocrática e ineficiencia operativo-constructiva.

Hoy, las carreteras de todo el país están destruidas. Los transeúntes claman con desesperación en las redes sociales por el daño generalizado a los automotores, pues no hay metro de carretera que no esté arruinado. Los pilotos del transporte pesado organizados anunciaron un paro nacional para el jueves 6 de julio, para exigir al Estado iniciar, como mínimo, un plan de bacheo.

Mientras tanto, el Ejecutivo quedó paralizado ante esta crisis y otras tantas que le aquejan. ¿Hasta cuándo?

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