Reducir la desigualdad ha entrado con fuerza en la agenda internacional. Es uno de los objetivos de desarrollo sustentable, acordado mundialmente hace semana y media. Y fue un tema central en la recién celebrada reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en Lima, la semana pasada. Organismos que antes destacaban solo el crecimiento económico tienen ahora como parte central de su agenda la necesidad de reducir la desigualdad. La justificación es contundente: si el crecimiento solamente se concentra en los grupos de mayores ingresos, la pobreza no se reduce o tarda mucho en caer. Oxfam, en un informe reciente titulado “Privilegios que niegan derechos”, llama la atención a cómo el ingreso de los multimillonarios latinoamericanos creció entre el 2002 y 2012 en casi siete veces más que lo que crecieron en promedio las economías latinoamericanas durante ese período. Es lo contrario a lo que debiera ocurrir, es decir, que los ingresos de los sectores más pobres crezcan más que el ingreso de los ricos.

El propio FMI ha demostrado con datos y pruebas estadísticas que cuando el crecimiento se concentra en los estratos pobres y en la clase media, y no en los estratos más ricos, las economías crecen más. También ha demostrado que en las sociedades más igualitarias las etapas de alto crecimiento duran más que en países más desiguales, donde hay más conflictos y tensiones.

Experiencias exitosas de países que simultáneamente redujeron la concentración del ingreso y la pobreza permite identificar ciertas orientaciones para lograrlo: expansión de la educación, más empleo pero formalizado y con salarios mínimos crecientes, y transferencias condicionadas de efectivo para las familias más pobres, complementado por otras políticas de gasto público y de impuestos que favorecen a los más pobres, incluyendo acceso universal a servicios básicos de salud y de seguridad social. ¿Porqué no se implementan con decisión? Porque estamos frente a democracias y estados cautivos, secuestrados por grupos pequeños de políticos y empresarios. Estos ajustan la legislación a sus intereses, promueven un gasto público y una tributación débil y regresiva que los favorece, acuden a prácticas clientelares para lograr cierto apoyo político, divulgan ampliamente ideas transnochadas que cuestionan la capacidad del Estado, de mejorar la distribución del ingreso, y terminan por reforzar esta idea al no hacer nada contra la corrupción o a al ser cómplices.

¿Qué debe hacerse frente a ello? Primero, reconocer que es un problema político. Se resuelve con acciones políticas. Requiere fortalecer a la democracia: las mayorías y no las minorías deben definir lo que el Estado debe hacer. Los pobres y las clases medias son la mayoría. ¿Cómo se fortalece la democracia para que refleje los intereses de esta mayoría? Apoyar la prensa independiente, favorecer la rendición de cuentas, promover la participación y el control ciudadano, controlar el financiamiento privado de los partidos políticos y defender, en general, el derecho a la protesta. Estamos dando los primeros pasos.

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