Disputa por la justicia

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La  experiencia durante el gobierno de Alfonso Portillo (FRG) demostró que se puede controlar el Gobierno y el Congreso, pero si en las cortes las piezas no están alineadas, la fiesta se les puede aguar.

Durante años el sector económico tradicional había hegemonizado la Corte Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad, pero en la medida en que sus adversarios (los emergentes)  fueron ganando terreno, su poder se fue disipando; prueba de ello es la conformación de la actual CSJ, en donde no logra identificarse con claridad a algún magistrado que mantenga vínculos fuertes con el sector privado, mientras   sí los hay con nexos directos al oficialismo y, por supuesto, con los grupos de abogados enfrentados al sector conservador.

La estrategia de ocupar la mayor cantidad de espacios en los gremios y en la academia, y realizar enormes inversiones monetarias en campañas electorales para ganar las decanaturas, la presidencia del Colegio y del Tribunal de Honor, les ha rendido  frutos. Al final de cuentas terminan siendo las cortes el escenario de disputa para la resolución de casi todos los temas políticos y económicos del país, rebasando por mucho el poder real del Congreso y del mismo Ejecutivo.

Por eso la reciente elección gremial nos ilustra bien cómo se están organizando las fuerzas por mantener el control de la justicia. Los grupos que vimos en las comisiones de postulación  son los mismos que aparecieron en esta elección.

Al final, todo llega a caer a la CC, me decía un colega, y ahí está la clave de cómo terminan alineándose los planetas. Es la sumatoria de votos la que mantiene o bota una sentencia (como la de genocidio), un impuesto (como el que se trató de imponer a las telefónicas para financiar el presupuesto) o una candidatura (como la de Sandra Torres en la pasada elección o la de Roxana Baldetti para ocupar la alcaldía).

Las cortes son los árbitros de casi todo en este país porque no hay ámbito que no esté judicializado, el problema es que —con sus honrosas excepciones—  su imparcialidad está en duda, porque juegan para uno de los equipos, responden a las órdenes de los dueños del “club”, o tienen que pagar factura por su fichaje, que para este caso viene siendo una magistratura.

ESCRITO POR:

Marielos Monzón

Periodista y comunicadora social. Conductora de radio y televisión. Coordinadora general de los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP). Fundadora de la Red Centroamericana de Periodistas e integrante del colectivo No Nos Callarán.