Pero el 8% restante, correspondiente a bonos en manos de agentes financieros —calificados como “fondos buitre”— hicieron una apuesta: compraron bonos argentinos a un precio muy bajo y luego cabildearon para lograr una sentencia judicial que obligara al gobierno argentino a pagar el 100% del valor de sus bonos en vez del 30%.  Obtendrían así una sustancial ganancia.  

Los “fondos buitre” ganaron la apuesta.  El juez Thomas Griesa en Nueva York, plaza financiera donde fueron colocados los bonos, sentenció que el gobierno argentino tenía que llegar a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración,  o pagarles el 100% del valor de los bonos adeudados.  Esta sentencia fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.    

El gobierno ha cumplido con el compromiso de pagarle el monto convenido al 92% de acreedores de deuda reestructurada y le corresponde hacer otro pago antes del 1 de agosto.  Pero  Griesa se lo ha prohibido —y a su banco agente en Nueva York—: el gobierno tiene que llegar a un acuerdo previo con los “fondos buitre”.   

Surgen así dos escenarios.  El primero es no pagarle al 92% de acreedores, que equivale a un cese de pagos —default— que impediría que Argentina tuviera acceso a capital externo en un momento crítico.  El segundo, humillante pero posible, es llegar a un acuerdo con los “fondos buitre”, seguramente en condiciones más favorables que las convenidas con el 92% en 2005.  Si se acordara pagarle a los fondos buitre a partir de 2015 estas mejores condiciones no tendrían que extenderse al 92%.  

¿Lecciones? Pueden existir situaciones, como las de cualquier hogar o empresa, en que es necesario renegociar una deuda.  Durante la época de Pinochet los empresarios chilenos se endeudaron en dólares y apostaron a un tipo de cambio fijo —¡atención, Guatemala!— en un contexto de ingreso irrestricto de capitales, y cuando estalló una crisis el gobierno tuvo que asumir esta deuda y renegociarla.

Pero la actual pesadilla argentina dificultará las renegociaciones futuras: con su decisión, el juez Griesa ha restringido severamente las condiciones en que un país soberano puede renegociar su deuda externa.  Esa rigidez daña a acreedores y a deudores. También reduce el atractivo de Nueva York como plaza financiera.

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