Continúa el reportaje diciendo que el alcalde de Santa Cruz Barillas, los representantes de los Comités de Desarrollo, Cocode y unos dos mil pobladores se aprestaban a firmar el convenio que contempla un pago anual de Q2 millones durante 50 años para proyectos de desarrollo comunitario.

El alcalde de Barillas resaltó que “la mayoría de las comunidades apoya la hidroeléctrica porque significa desarrollo desde carreteras, acceso de agua y luz para todos. Allá afuera habrá cien o más personas, pero solo representan el 1 por ciento de todos”, argumentó.

Luis Castro, presidente del proyecto Hidro Santa Cruz, advirtió de que este tipo de acciones sienta un precedente que pone en peligro la atracción de inversiones y evidentemente tiene repercusiones internacionales.

Guatemala no puede desarrollar su economía sin explotar sus recursos naturales. Indiferente al hecho de que la conflictividad social tiene raíces que demandan acciones estructurales, estas no pueden llevarse a cabo con palabras o decretos legislativos. La fórmula es irrefutable. El Estado no puede recaudar impuestos, ni utilizar estratégicamente sus recursos, sin una economía que los genere vía inversiones productivas. Escribo esto como si la memoria fuera una nota inservible tirada en el basurero del olvido. Es que lo hemos repetido tantas veces, que ya no cala el argumento en las columnas, en el tablero político, en los encuentros empresariales y hasta en la cobertura mediática repitiendo la letanía como si el tiempo se hubiese detenido en el mismo punto del DVD.

En este país hay esquizofrenia política. Cada quien oye sus propias voces y desfigura las otras. De ambos lados nos atacamos, y ya los argumentos están agotados. La verdad es una. No dos. Cierto, hay grises. Pero los tonos de la lógica no tienen argumentos cuando se enfrentan a estrategias ideológicas con una agenda muy concreta de desestabilizar, posicionar sus líderes en la mesa de negociaciones y capitalizar política y económicamente a sus organizaciones. Cuatro o cinco organizaciones con media docena de activistas muy bien organizados con poderosos megáfonos contestatarios para amplificar sus voces disidentes.

Esto no sería cuestionable si siguiese una lógica de beneficio común. Por el contrario, es unipolar y politiquera. Veamos el caso de Santa Cruz Barrillas. Los videos los tiene el Ministerio Público. La violencia de la turba está registrada. Quema de hotel, comercios, ataque al destacamento militar. Agresión al oficial del Ejército que en aras de evitar una masacre, entregó sus fusiles y se sometió voluntariamente a la enardecida turba que le propinó una golpiza de hospitalización. Nadie habla de este oficial. De su valentía y sentido del deber. Nadie. Solo yo y alguna otra voz apagada entre la cacofonía de la cobertura mediática.

Pocos hablan, tampoco, de la valiente fiscal Gilda Isabel Aguilar, que por cumplir con su deber y meter a los responsables a la cárcel fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida, y para colmo la reprimenda de la Fiscal General que la suspendió por razones evidentes… También una heroína del debido proceso.

¿Dónde está la “lógica ecológica” en oponerse a proyectos hidroeléctricos —el hada madrina de los proyectos de energía renovable—? Argumentos baladíes, porque ningún proyecto de envergaduras millonarias se atrevería a invertir sin seguir un proceso ordenado de desarrollo comunitario.

Pero estamos en Guatemala, donde la lógica es ilógica, el hierro flota y la balsa se hunde…