El 2015 quedará en la historia de nuestro país como un año clave, que provocó el inicio de un proceso de cambio para la construcción de la Guatemala distinta y mejor que todos queremos. Una nación en la que los ciudadanos, especialmente campesinos e indígenas, mujeres y jóvenes, sean incluidos y tengan acceso a oportunidades para un desarrollo integral, largamente negado o acaparado por unos pocos.

Una nueva lógica se va imponiendo a partir de una ciudadanía que se va empoderando a medida que toma conciencia de la realidad en la que vive y reclama en justicia lo que le corresponde; va perdiendo el miedo a la protesta y manifiesta su creatividad en la propuesta. Es una generación proactiva que demanda ser escuchada y exige espacios para proyectarse siendo protagonista de la historia y forjando un destino incluyente.

Un signo de ese nuevo rumbo es la reafirmación del imperio de la Ley y el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Esto nos enseña, como dijeron los obispos, que cuando hay voluntad de buscar y promover el bien común, los organismos del Estado funcionan y dan buenos resultados, como lo vemos en el proceso judicial que se le sigue al expresidente Pérez Molina, a la ex vicepresidenta Baldetti, a otros funcionarios y políticos, quienes están siendo acusados, unos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera; y otros de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude y tráfico de influencia.

Un pesado manto de impunidad yacía sobre estos funcionarios y muchos políticos que viven campantes burlándose de la ley y de la población. Sin duda hay otros más por descubrir. De modo que la tarea de la Cicig y el Ministerio Público apenas está comenzando, pues no solo deben seguir ampliando sus investigaciones sino que deben también demostrar la verdad de los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes, sin ceder a ninguna presión de cualquier tipo y buscar solamente la verdad. No hay justicia sin verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. (CEG)

Tomamos conciencia de que gobernados y gobernantes estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, por muy dura que esta sea, pero es el camino seguro para vivir en un Estado de Derecho. Estamos comenzado a ver que la justicia en nuestro país está dejando de ser esa víbora que solo muerde a los de pies descalzos. Ojalá que los operadores de justicia sigan en ese rumbo porque sin la justicia una sociedad se derrumba y su Estado colapsa, “sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos?”, escribía san Agustín.

Una democracia verdadera, dijeron los obispos, no puede existir sin tener como fundamento un sistema legal justo y equitativamente aplicado que asegure la observancia de las garantías constitucionales fundamentadas en los derechos humanos.

En la continuidad de ese cambio iniciado por la ciudadanía esperamos de las nuevas autoridades: amor entrañable al pueblo, espíritu de servicio sin descanso y creatividad positiva en el modo de ejercer el mandato que la Constitución les asigna.

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