Podemos reconocer que un país está en una profunda descomposición cuando las autoridades de Estado de varios organismos se rehúsan a escuchar el clamor e indignación de su pueblo y se niegan a reconocer la gravedad de la situación. El presidente Otto Pérez se sostiene en el poder por un hilo de apoyo de su medio gabinete y por la fidelidad del ejército que le está costando muchos recursos mantener, pero que sin embargo, sigue ordenando actos absurdos de represión como haber trasladado una enorme cantidad de policías antimotines para reprimir e intimidar a la población civil en resistencia pacífica en La Puya.

El presidente y la ministra de Gobernación se terminan de derrumbar con estas acciones represivas que no tienen más sentido que hacerle el juego a los intereses económicos con los que están endeudados. Sería importante que la Cicig investigue a estas empresas y sus propietarios que obtuvieron jugosas y onerosas concesiones para el Estado con la explotación de los recursos naturales, seguramente encontrará dinero canalizado ilegalmente a funcionarios de Gobierno y tráfico de influencias. ¡Vaya forma de despedirse del pueblo de Guatemala!

La Cicig y el comisionado Velásquez, al igual que la fiscal general Aldana, han continuado su intensa, valiente y profesional labor de investigación de la penetración de cuerpos ilegales y crimen organizado al interior de algunos partidos políticos que pretenden competir en las próximas elecciones. Es importantísimo depurar la lista de los contendientes para cargos públicos, pero también es significativo observar cómo el sistema de partidos políticos se desenmascara ante la opinión pública.

El Congreso, con todo descaro, continúa ignorando la demanda de aprobación de la reforma a la Ley Electoral propuesta por el TSE, confundiendo a la opinión pública con mesas de diálogo irrelevantes, y pretendiendo aprobar un proyecto de ley que surge de la Comisión de Asuntos Electorales pero que ignora los puntos medulares de una verdadera y profunda reforma a la LEPP. Con solo no tener el quórum suficiente y eventualmente con propuestas espurias desde el pleno pretende ir dejando pasar el tiempo hasta que llegue la fecha de las elecciones.

Ante este escenario qué sentido tiene celebrar elecciones que de por sí no generan ninguna propuesta de cambio o alternativa. Por supuesto que las elecciones se pueden realizar y podrá darse el acarreo y compra de votos por los partidos que por fin queden legalizados para participar, pero reitero la pregunta, ¿qué sentido real tiene este ejercicio? Sería más importante suspender las elecciones hasta que el Congreso apruebe una reforma legítima, y entonces exigir del próximo Congreso y Gobierno que convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente con nuevas reglas de juego.

La crisis política por la que atraviesa hoy el país es tan profunda que no se resuelve con la simple realización de elecciones.

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