Es inadmisible que luego del movimiento ciudadano del año pasado, donde el pueblo manifestó claramente que no toleraría más corrupción de ningún funcionario público, los diputados no hayan entendido el mensaje.

Todos sabemos que en el palacio legislativo se mueven las fuerzas más oscuras de corrupción que existen en Guatemala, las alianzas políticas que se manejan en ese sitio huelen mal y los personajes son verdaderas joyas, con una trayectoria de transas.

La elección de la nueva junta directiva del Congreso debe enfocarse, más allá de un simple reemplazo de funcionarios con otra cara —pero con las mismas mañas— en un cambio de personas dispuestas a trabajar correctamente en un marco de legalidad y valores.

Aunque son tres las planillas propuestas para presidir el Organismo Legislativo, es claro que ninguna podría hacer un buen trabajo, aunque tuviera la voluntad política para hacerlo, porque el propio sistema podrido no lo permite. Todos saben que la mayoría de los diputados son personas cuestionadas y que una curul en el Congreso es el negocio del siglo para cualquier corruptazo.

El remedio no es cambiar a Taracena, García Rodas, Nineth Montegro, porque ni Superman podría hacerlo; la solución es transformar el sistema.

Al menos Taracena ha logrado algunos cambios, y esto porque él tiene un carácter que funciona en ese medio corrompido, donde se tiene que jugar rudo e importarle un comino lo que piensen o digan de él, para sobrevivir.

El poder Legislativo es clave para el buen desempeño de un gobierno y hasta ahora solo hemos tenido personas mediocres y corruptas allí.

En estos días han declarado algunas organizaciones sociales que rechazan esta elección, la han calificado como un pacto de impunidad a favor de la corrupción; aseguran que se está fraguando para dar continuidad a la impunidad y obstaculizar el trabajo del Ministerio Público y la Cicig.

La importancia del Congreso en el quehacer político nacional es fundamental y la realidad guatemalteca en relación al Espíritu que guía el accionar de la cosa pública es completamente diferente a los ideales de libertad y balance de poder que deberían existir.

No hay que olvidar que los diputados pueden antejuiciar a los presidentes de otros poderes y a ministros. Además, son ellos quienes eligen al procurador de los derechos humanos, contralor general, magistrados del TSE, magistrados de la Corte Suprema de Justicia; de allí la importancia de su calidad y honorabilidad, que no la hay.

La imagen que nuestro palacio legislativo debiese proyectar es ser el recinto de la santidad jurídica, el espacio reservado para proteger los valores abstractos más santos de la nación, el ámbito donde se desarrollan las herramientas legislativas que guiarán a un pueblo hacia el camino del desarrollo.

Tal imagen y tal percepción no existe aquí. Todo lo contrario, el Congreso guarda las ambiciones políticas más atroces, egoístas e inmorales, siendo el lugar para que aquellos que ocupan las curules hagan del erario público y del servicio civil una máquina de movilidad social y enriquecimiento ilícito.

El Congreso y su quehacer en nada impacta la vida de los guatemaltecos; por el contrario, representa una hemorragia de recursos que termina en gastos superfluos, alto número de asesores, dietas, aumentos de salarios al por mayor, etc.

Queda claro, el interés de algunos diputados por incrustarse en la política no es por un proyecto de nación, ni por el honor de representar uno de los poderes de gobierno, sino por satisfacer su ambición personal y partidista, por lo que el pueblo debe estar pendiente de esta elección y descifrar las intenciones ocultas, para que no se salgan con la suya.