El Congreso sigue siendo el principal obstáculo evidente para transformar el país. La mayoría de sus integrantes se sienten tan amenazados por las acciones del Ministerio Público y la Cicig, que están dispuestos a todo con tal de evitar que se extinga su modo de vida conocido, que se basa en la depredación de nuestro patrimonio y el control sobre el sistema político como mecanismo de cooptación del aparato de Estado y de la sociedad.

A pesar de ello, con cada golpe dado por el Ministerio Público y la Cicig se les ha venido cayendo la careta. La mayoría de diputados, en contubernio con Jimmy Morales, funcionarios del Organismo Ejecutivo —donde destacan la canciller y varios personajes del Ministerio de la Defensa—, con jueces y magistrados que han traicionado a la justicia, el alcalde Arzú y su séquito, y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (Anam) y su presidente atrás, son los rostros visibles y primer frente de batalla de un conjunto mayor de actores económicos, políticos y sociales que confluyen en el Pacto de Corruptos para destruir la acción de la Cicig.

Que no se nos olviden nunca los abundantes y patéticos intentos por expulsar al comisionado Iván Velásquez del país, desprestigiándolo ante la opinión pública. También, el nefasto rol de la canciller, quien, bajo las órdenes de Jimmy Morales, ha confirmado a Guatemala como un paraíso para la corrupción y la impunidad. En este marco cabe desconfiar de las verdaderas razones por las cuales Jimmy Morales fue a Colombia la semana pasada. ¿Qué hubo tras bambalinas de la agenda oficial? ¿Acaso fue a recibir consejo del máximo enemigo de Iván Velásquez? ¿Acaso fue a traer material para seguir intentando destruir la reputación del comisionado y lograr finalmente su expulsión?

¡Estemos atentos, porque estamos viendo a los muertos acarrear basura! Ni dude que aprovecharán las distracciones de la Cuaresma y la llegada del feriado de Semana Santa para intentar alcanzar sus objetivos: expulsar a Iván Velásquez y cercenar el mandato de la Cicig al punto de hacerla totalmente inoperante, como hicieron en Honduras con la Maccih.

Sin embargo, eso no les basta. Ya se percataron de que el Pueblo despierta, lenta pero inexorablemente, y que los medios de control que han usado históricamente ya no son suficientes. Quieren redondear su lucha contra la Cicig acallándonos a todos nosotros y haciéndonos más vulnerables a la violencia de Estado. Cuatro leyes son sus herramientas para ello: 1. Reformar la ley de orden público (4985), para evitar que manifestemos y nos organicemos. 2. Reformar la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (5257), para evitar que estos entes, tan cercanos a la población, apoyen el despertar ciudadano. 3. Ley de apoyo a la fuerza civil (5355), para militarizar el país bajo el pretexto de resguardar la seguridad interior, que es responsabilidad de la Policía Nacional Civil. 4. Reformas al Código Penal (5266), que crea figuras penales ambiguas, supuestamente para tratar “a las maras”, pero que dan el marco perfecto para que cualquier forma de organización social pueda ser tipificada y atacada “legalmente”.

¡No es hora de ver esta lucha como que fuera el capítulo diario de la telenovela! La mayor ventaja de los corruptos es nuestra apatía, nuestro desinterés, la falta de organización y de confianza mutua. ¡Urge frenar ahora mismo estas iniciativas de reformas legales, antes que nos tipifiquen a todos como delincuentes y mareros y tengan el marco legal para reproducir las prácticas de violencia, muerte y desaparición a escala que usaron durante los 36 años de guerra contra la población!

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