El 2 de septiembre pasado tomó posesión Alejandro Maldonado Aguirre como presidente. Se inició así el gobierno de transición que el Movimiento Semilla tantas veces anunció en el pasado. Es un gobierno legítimo que surgió de respetar los procedimientos de renovación que establece la Constitución. Los rasgos de este gobierno nuevo aún están por definirse, pero está condicionado por el hecho de que el actual presidente es el producto de las manifestaciones ciudadanas que se iniciaron el 25 de abril. Sin esas manifestaciones la ex vicepresidenta no hubiera renunciado. Sin la megamanifestación del 27 de agosto los diputados del PP no hubieran temido ser reelectos: no hubieran votado a favor de quitarle la inmunidad a Otto Pérez. Maldonado Aguirre tiene una deuda con todos aquellos que se manifestaron y el discurso del nuevo presidente al ser juramentado en el Congreso constituye un reconocimiento de su importancia: “Es necesario entender que, en lo que resta de este año, debe haber una respuesta positiva a una clamorosa demanda de presencia y participación”. Y el nuevo presidente también expresó su intención de abrir espacios para que estas manifestaciones pasen de la protesta a la acción concreta, reflejada en el servicio público: “A estas mujeres y hombres que han volcado su energía para denunciar y reclamar, es también un desafío que trasladen esa vitalidad cívica al servicio público”.

La terna para vicepresidente que finalmente se envíe al Congreso y su elección después de lo que probablemente sea un intenso proceso de negociación, así como la selección del nuevo gabinete, nos indicará hasta qué punto estaremos avanzando hacia lo que ojalá sea un gobierno de unidad nacional, independiente de poderes fácticos, y que responda a los ciudadanos. Lo nuevo que se está dando en Guatemala y que ha asombrado al mundo entero no es la renuncia del presidente. Es el surgimiento de una fuerza ciudadana plural y pacífica que, inspirada por las investigaciones del Ministerio Público y de la Cicig, ha terminado por alinear a fuerzas tan dispares como el Cacif, la embajada norteamericana, los diputados y numerosos magistrados en torno a un proceso de renovación ética y democrática.

La presión ciudadana sugiere que no vamos a tener más de lo mismo, aun cuando el presidente tenga una trayectoria que muchos cuestionamos. La incidencia de la participación ciudadana también será mayor como consecuencia de la salida del Partido Patriota del gobierno, e indirectamente del partido Líder, iniciada con la renuncia de varios ministros y altos funcionarios. Veremos cuál será la agenda del nuevo gobierno, que no solo deberá cubrir los cuatro meses durante los cuales le corresponde gobernar. También deberá facilitar la aplicación de la justicia y garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado: no podemos recaer en la trayectoria de ilegalidad y corrupción que vivimos en el pasado. Es por ello que el gobierno de transición también debiera orientarse al control de posibles daños futuros, para evitar los abusos de una clase política que aún continúa presente.

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