Existen ejemplos cercanos como el de Cali, en Colombia, en donde según declaraciones de su alcalde, Rodrigo Guerrero, a El País, se aplicó un tratamiento similar al utilizado en casos de epidemias sanitarias. Es decir, se utilizaron medidas preventivas y correctivas, tales como mejorar el alumbrado público y aumentar la presencia policial, además de limitar el consumo de bebidas alcohólicas con restricciones horarias.

Este tipo de estrategias para reducir la violencia en ciudades con elevados índices de criminalidad hace impacto directo en el grupo objetivo primario de quienes propician un estado latente de violencia al ofrecerle alternativas viables de desarrollo. Quitar del camino a esa masa frustrada y necesitada de respuestas, podría ser el primer paso para iniciar la reparación de un tejido social totalmente fragmentado y enfermo.

Hay suficientes evidencias y miles de estudios e informes sobre cuál es el origen de la violencia en un país como Guatemala. A eso se han dedicado los organismos internacionales y un interesante número de tesis universitarias, además de las organizaciones locales de análisis social y económico. El problema es que esos estudios quedan como material para otros estudios, por lo general sin encarnarse jamás en soluciones concretas ni en políticas públicas capaces de revertir la situación.

Por lo cual, la pregunta obligada es ¿quién o quiénes se benefician con la violencia? De acuerdo con el tipo de medidas emergentes utilizadas para enfrentar los estallidos críticos, los recursos invertidos en tapar agujeros bien podrían canalizarse en la prevención, con la educación como una de sus primeras prioridades. El alumbrado público en zonas rojas, la instalación de cámaras y un sistema de vigilancia policial permanente serían medidas eficaces si se acompañaran de mejores servicios públicos y la oferta de nuevos empleos para una gran masa gravemente empobrecida.

En realidad, recursos para combatir la violencia y reducir la paranoia de la sociedad existen, recientes contratos para obras públicas son prueba suficiente de la disponibilidad de fondos. El quid del asunto radica en dónde invertirlos y cómo hacer para que esos recursos —tan escasos, según las autoridades— contribuyan a reducir uno de los problemas cruciales del país, bajar la tensión social, propiciar nuevas vías de acceso a la riqueza y combatir de manera frontal los nudos de influencia de las organizaciones criminales. Sería el primero de muchos pasos en la dirección correcta.