Los crímenes de El Búcaro son una desgracia nacional, pero como las asesinadas eran cuatro personas comunes y corrientes, no mujeres de un gremio importante; como habitaban espacios donde la violencia es una experiencia, un escenario para fotos, tema de sobremesa, entonces, para el gobierno no pasa nada y corre su foco hacia otro punto en el que hay protestas “en favor” del fantoche Morales.

El racismo, discriminación, violencia, miedo, todo afecta la conducta y provoca el deterioro de la convivencia social. Se difunde la mentira de que la pobreza es la que provoca violencia. Los barrios son estigmatizados; se delimitan áreas marginadas a las cuales se les inyecta violencia desde el Estado, desde la policía, el ejército; desde lujosas oficinas desagües de financiamiento electoral ilícito. Y no pasa nada. Pero cuando vienen personas a decir que sí, que pasan muchas cosas que deben ser transformadas y se esfuerzan por hacerlo, como es el caso de Jordán Rodas o Iván Velásquez, entonces, quienes están obligados a apoyarlos hacen lo contrario para mantenerse impunes y difunden la mentira de que ellos defienden criminales y culpan inocentes. Si fuera cierto que el PDH Rodas “defiende criminales”, lo veríamos protegiendo diputados.

Es mentira que los barrios más pobres o las aldeas más abandonadas del país sean nidos de delincuencia. Son áreas pacíficas convertidas en espacios de violencia porque se les inocula estructuras criminales que los paralizan. Esos son los resultados de las investigaciones de CICIG y del MP. Son áreas de experimentación, bodegas de criminales externos a la zona. Esa invención de zonas llamadas rojas son territorios de concentración donde los jóvenes son reclutados contra su voluntad o no, y crecen clasificados, sin opción de vida.

Tales crímenes son consecuencia de dejar pasar la injusticia en el poder. La misma pobreza humana evidencian los pandilleros que tiran del puente a un joven que no quiso involucrarse con ellos —ya lo habíamos olvidado— que una diputada que se burla de los niños desnutridos que llevó para destruir a una enemiga política —no hemos olvidado a la diputada Mirza Arreaga—. El olvido o no de los acontecimientos es normal, pues no vamos a pasar la vida conversando sobre lo mismo. El problema no es el olvido, sino dejar que ocurra de todo sin que se haga justicia, pues debido a que lo actuado por aquella diputada es anécdota, otros diputados vienen a remplazarla con iguales y peores mañas.

La tolerancia a la corrupción es amamantada por tribunales como el “Supremo” Electoral que activa su Operación Tortuga ante la solicitud de cancelar partidos corruptos como FCN-Nación. Dos deshumanizaciones se complementan en el mismo cesto de basura. La de pandilleros y la de funcionarios.

En su noción de trauma psicosocial, Ignacio Martín-Baró cita la “hipótesis de la deshumanización” de Joaquín Samayoa, quien expone que la guerra incide en la conducta y los esquemas cognitivos de la población, lo cual supone el empobrecimiento o pérdida de la capacidad de pensar lúcidamente, falta de sensibilidad ante el sufrimiento, y pérdida de la esperanza.

En Guatemala, el conflicto armado dejó secuelas que propenden harta deshumanización. De eso se intenta salir, pero diputados y el gobierno de Morales tratan de flotar sobre caminatas que pactan con sindicalistas y alcaldes, se apoyan sobre las cáscaras de Joviel Acevedo, reúnen firmas contra el PDH: todo un “empobrecimiento o pérdida de la capacidad de pensar lúcidamente”. La vida da otra vuelta anti-Dostoievski, no velada, en su Crimen sin castigo.

@juanlemus9