Las críticas al presupuesto nacional propuesto para el 2016 por el Ministerio de Finanzas han sido amplias y divergentes. Se destacan dos temas polémicos: la recaudación esperada de impuestos y la composición deseada del gasto.

Primero, muchos coinciden en plantear dudas sobre las estimaciones de la recaudación esperada incluidas en el presupuesto para el 2016. Sugieren recortarlas drásticamente. Luego argumentan que corresponde entonces reducir el gasto público. Hay tres fuentes de divergencias sobre la recaudación esperada: apreciaciones técnicas que no coinciden, diferencias que obedecen al interés de mantener al Estado lo más pequeño posible, y estimaciones que exageran las diferencias con el fin de forzar una negociación para aprobar un presupuesto que favorezca directamente a diputados corruptos. Se trata de diferencias de origen técnico, ideológico y ético. Si realmente se quisiera una estimación confiable de la recaudación esperada, se podría conformar un consejo técnico, integrado por economistas honestos y conocedores del tema, para realizar una estimación técnica seria, independiente y consensuada. Contribuiría a resolver el problema por la vía técnica y no por la vía de negociaciones motivadas por visiones ideológicas o por intereses corruptos. No sería fácil pero experiencias en otros países demuestran que es posible.

La segunda crítica al presupuesto se refiere a la composición del gasto público propuesto. Aquí también se manifiestan diferencias técnicas e ideológicas, además de intereses corruptos. Expertos fiscales, grupos de ciudadanos y las Naciones Unidas consideran que los recursos para el área social, incluyendo lo asignado para atender necesidades de nutrición, salud y educación de la niñez, son totalmente insuficientes. Una perspectiva más conservadora, asociadas al sector privado tradicional, no les asignan tanta importancia: prefieren destacar otros temas como la seguridad, subsidios para los empresarios y el desperdicio. Diputados corruptos y empresarios emergentes, por su parte, se esfuerzan por abrir espacios para obtener beneficios propios por la vía de fideicomisos, contratos y obra pública. Obviamente es difícil llegar a acuerdos en este contexto, y lo exacerba un presupuesto pequeño y rígido, con poco margen para reasignar recursos de un sector a otro. Hay una dimensión ética que debiera prevalecer, y que conduce a privilegiar el gasto social, especialmente para atender a la niñez. Y una salida gradual, que tomaría tiempo, sería comenzar a reducir la rigidez del gasto público. Podría incluir el desmantelamiento de algunos “candados” legales que amarran recursos a ciertos destinos específicos, como es el caso del IVA-paz, y racionalizar o eliminar algunos subsidios, como los aplicables a fertilizantes. Eliminar fideicomisos e imponer severas restricciones a la contratación en condiciones de excepción debiera acompañar este proceso. No es sencillo, pero a partir de la manifestación del 25 de abril las condiciones políticas comenzaron a ser más favorables para caminar por esta vía.

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