Una cosa es que padezcamos de analfabetismo económico, otra es que no nos acordemos de que el presupuesto sobre el que otros disponen en el Congreso de la República cada año es nuestro. Y yo no sé ustedes, pero yo sí quiero saber qué hacen con el dinero que aporto al país. Por ello conviene entender más sobre cuestiones básicas de economía y su relación con la política. Así ejercemos la ciudadanía activa, y no solo cumpliendo con los 30 segundos que el ejercicio del voto nos pide. Idealmente, el presupuesto ha de ser consensuado por la ciudadanía y defendido por quienes dicen representarnos.

Nuestros vacíos de conocimiento, sobre todo en campos como el político, el legal o el económico, pueden ser llenados de inmediato por alguien más listo, o con más poder, o con mala intención. Dicho de otra manera, si no entendemos de qué estamos hablando, cualquiera puede convencernos de cualquier cosa. Ahora que se discute el presupuesto en el Congreso, todos queremos que se asignen a los renglones que más nos importan las cantidades suficientes para que las respuestas de Estado sean acordes a las necesidades reales de la población.

Lo que ya todos sabemos es que tenemos un Estado desfinanciado y que es tiempo de hacer planes de contención. Lo segundo es que hemos satanizado la deuda y la recaudación fiscal, cuando sin ambos no lograremos salir adelante. Por otro lado, si elegimos la opción de los bonos, tendríamos una deuda grande a corto plazo, con altísimos intereses. Eso haría que el financiamiento del déficit fiscal pasara de 37% de bonos (2015) a un 93% en el 2016. Lo tercero es que no es momento de seguir concediendo privilegios fiscales a los grandes capitales que, vía leyes, fundaciones o subsidios quieren seguir robándole desarrollo al país. Hay leyes que con nombres preciosos y hasta seductores, pretenden que grandes empresas dejen de pagar vitaliciamente impuestos. Sobre esto tenemos que poner los ojos, porque también es corrupción.

Son tiempos difíciles, aunque las cifras macroeconómicas disfracen de estabilidad la miseria que hay en este país. El presupuesto del 2016 ya contempla una disminución del gasto social prioritario, respecto del presupuesto de este año. Esto implicaría, según el Icefi, que la inversión pública en niñez y adolescencia, sin duda prioritaria para nuestro país, se redujera del 3.5% del PIB (2015) a un 3.3% (2016). En ese contexto, me parece todavía más obsceno que haya quienes pidan esas leyes y privilegios fiscales a la medida.

El presupuesto no es de hule, pero hay que priorizar lo que realmente importa. Tenemos que conocer cuál es el margen real de maniobra y saber que hay rigideces presupuestarias que no podemos tocar, porque ninguna empresa seria reduciría de un solo el 20% de sus gastos fijos. Pero hay que seguir el rastro, por ejemplo, al dinero de las alcaldías, de los consejos de desarrollo, o a los Q3,300 millones vulnerables a la corrupción vía compras y adquisiciones del Estado (medicinas, equipo militar, fertilizantes…).

Insisto, una vez tras otra, que mientras gobiernos y sociedad no pongamos en el centro de todas las agendas a la niñez, adolescencia y juventud, Guatemala no saldrá adelante. Son más del 70% de la población. Si el presupuesto se aprueba como está, según Icefi, lo asignado a salud se reduciría Q117 millones, lo cual empeoraría aún más un servicio ya precario para la gran mayoría. El Programa de Desnutrición Crónica se reduciría Q232 millones en una Guatemala donde la mitad de todos los niños y niñas menores de 5 años padecen este tipo de desnutrición. Y se reducirían Q75 millones destinados a programas de prevención de la violencia, atención a víctimas y a migrantes. La cobertura educativa del nivel secundario se reduciría, cuando sabemos que el 69% de ese segmento ya está atendido por un sector privado que deja de lado a muchos. ¿Y así no queremos mareros o niñas embarazadas?