En la actual coyuntura de lucha contra la corrupción impera la idea de que la institucionalidad democrática fundada a mediados de los años ochenta del siglo veinte no sólo es todavía funcional, sino necesaria y hasta indispensable para convertir a las sociedades centroamericanas en lugares más prósperos y capaces de ofrecer oportunidades a todos sus ciudadanos, evitar que migren huyendo del hambre o de la violencia, y también para garantizar la suficiente gobernabilidad y manejo del territorio como para mantener bajo control amenazas potenciales o reales a la seguridad hemisférica. La hipótesis subyacente es que las democracias centroamericanas son como huevos que se pudrieron; por ello, la prioridad es vaciar el huevo de su contenido putrefacto (los corruptos) pero preservando la cáscara lo más intacta posible (la institucionalidad), pues está la convicción de que puede ser vuelta a llenar —cual cascarón del Carnaval— con otro contenido más sano y conducente al desarrollo y la buena gobernanza.

La parte positiva de esta postura es que hace menos probable un escenario donde la crisis política actual se resuelva por la vía de un golpe de Estado militar o bien, por una invasión. Sin embargo, hay situaciones no menos nefastas que se están dando, como la de Honduras. En 2009, sacaron por la fuerza al entonces presidente Mel Zelaya por intentar hacer una consulta popular que avalara modificar la Constitución para su reelección. Nueve años más tarde Honduras se desangra nuevamente por causa de un hombre que no pudo controlar su ambición desmedida de poder, y que hizo con Honduras lo mismo (o peor) que años antes hiciera Zelaya. Todo, con el silencio cómplice de la élite hondureña y de una parte de la comunidad internacional. El costo para Honduras ha sido enorme: ingobernabilidad, corrupción, violencia de Estado contra la población, y la institucionalidad democrática que tanto se quería salvaguardar, totalmente deslegitimada.

En Guatemala, la institucionalidad democrática es el campo de batalla. Está claro que se le quiere salvaguardar y usar sus mecanismos para evacuar la materia putrefacta depositada en los órganos del Estado, en particular en el Congreso, que es donde está la llave para lograr la oxigenación de todo el sistema político: Una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que abra la puerta a la más amplia participación ciudadana.

Sin embargo, los diputados se atrincheraron; cerraron la puerta por dentro y escondieron las llaves. Hacen frente común con otros corruptos. A pesar de que ya hay más de un 20% de diputados con algún proceso legal en curso, no es suficiente todavía para provocar un desequilibrio que permita romper con la dinámica perversa que han instalado. Blindados por el derecho de antejuicio se sienten invencibles, pero a la vez, están acorralados.

Ahora bien, no todos los diputados se manejan en la misma escala. Hay algunos que quizá puedan replantear su posicionamiento; buscar otro tipo de salida a la situación en que se han metido por acuerpar el Pacto de Corruptos. Es posible que más de alguno se haya dejado arrastrar por la vorágine de los más profundos y perversos corruptos allí presentes. ¿Por qué tendrían que pagar por las fechorías y enriquecimiento ilícito de los demás? La necesidad de reelegir una nueva Junta Directiva abre la posibilidad para ese reposicionamiento.

Pero, si eso no pasa y la vía política se agotó, ¿queda alguna otra salida dentro del marco democrático, para enfrentarlos y echarlos fuera de una vez por todas y echar a andar el país de nuevo? Quisiera escuchar a los más connotados juristas del país y darnos alguna solución.

karin.slowing@gmail.com