Estamos en el siglo 21, ¿verdad? ¿El que debía ser para la inclusión, el desarrollo sostenible y las oportunidades para todos? Me temo que vamos más bien en el túnel del tiempo, de vuelta a finales del siglo XIX, cuando Justo Rufino Barrios encabezó el gobierno que sentó las bases de la clase de sociedad que todavía somos hoy, construida sobre la expoliación de los indígenas y sus tierras. ¿O acaso retrocedimos más aún? ¿A la época de Rafael Carrera, fundador de la República, allá por 1847, con sus instituciones modeladas para responder a los intereses de un pequeño grupo de familias criollas y su entramado de servidores, y penetrada hasta el tuétano por una mentalidad que no concibe todavía la separación entre religión y Estado?

En esta “mezcla onírica”, digna de Fredy Krüeger, hay también gente que aún añora el orden colonial, cuando los señores castellanos tenían tierras concedidas como favor real, con encomiendas de indígenas a su disposición, obligados a pagarles tributo por vivir y producir para ellos, los comendadores. A esta mezcla súmele la fijación con la polarización ideológica que nos impuso la Guerra Fría a mitad del siglo XX, que destruyó nuestra posibilidad de modernidad en 1954, siguió marcando el contexto local de manera violenta durante todo el conflicto armado interno y sigue vigente luego de dos décadas de haber firmado la paz.

¡Difícil lograr cambios de fondo en el país si no se transforman esas mentalidades que nos mantienen atados a un imaginario de sociedad que quiere conservar sus rasgos elitistas, excluyentes y racistas!

Esa mentalidad “retro” es la que se embiste ahora que ve que la lucha contra la corrupción no se enfoca solamente en el funcionario público, en el enemigo político o el adversario económico que soñó con usurpar ese control histórico y hegemónico que se había tenido sobre el Estado y que difícilmente recuperarán de lleno como quisieran. Es por eso que ahora que amplió su alcance a los corruptores también se torna incómoda y “se pasó de medida”, pues afecta señoríos que no habían sido tocados antes.

Pienso que esto explica la campaña en contra de las reformas constitucionales para el sector justicia, así como la embestida anti-tributaria del sector agropecuario justo antes de la puesta en vigor de la eliminación del secreto bancario. Se saca, además, el látigo de la infamia contra Iván Velásquez, la Fiscal General y el superintendente de la SAT. El discurso del cambio y la transparencia es del puro diente al labio para las entidades que están detrás de estas acciones.

No se olvide que la opacidad, el secreto, la corrupción y la impunidad son parte de las armas espurias que sostienen esta estructura de privilegios para pocos que es desde hace mucho tiempo Guatemala. Al hacerse evidente con las acciones del MP y la Cicig, quienes nunca han sabido operar con reglas democráticas y transparentes se asustan. Sienten que pueden ser los próximos y por eso contratacan. Y para ello usan cualquier medio posible, deslegitiman a las personas valientes que encabezan esta lucha por un Estado más transparente y efectivo, que nos sirva a todos.

Estimados lectores, reflexionen sobre cuál es el lado de la historia donde quieren estar. Apoyar la lucha contra la corrupción y las reformas constitucionales significa legarles un mejor país a nuestros hijos y nietos. Si nos conformamos con solo vitorear cada caso de corrupción que sale a luz, tarde o temprano este esfuerzo decaerá. A eso le apuntan quienes operan detrás de los que están tras las sombras de la oposición a las reformas constitucionales al sistema de justicia.