En 2015 se abrió un espacio político debido a la desaparición de dos partidos políticos tradicionales, el PP y Líder, a lo cual se agregó el debilitamiento de los demás. El espacio se abrió, pero aún no ha sido llenado.

En 2016 hubo intentos para llenar ese vacío. El presidente Morales y su nuevo gobierno, con algunos ministros cuya capacidad no se niega, generó expectativas favorables. Pero no lograron llenar ese espacio político. Al desgaste del mandatario como consecuencia de provenir de un partido constituido en el Congreso por tránsfugas, y ahora cuestionado en relación al financiamiento de su campaña, se sumaron acusaciones de corrupción contra familiares del propio presidente. Agreguémosle un poder ejecutivo con poca capacidad institucional y financiera para responder ante los grandes desafíos guatemaltecos, y tenemos una explicación de su fracaso para llenar el vacío abierto en 2015.

El vacío también se reflejó en la ausencia de una renovación de diputados y en la fragmentación del Congreso. Mario Taracena, con el apoyo de su bancada y de otras, logró en alguna medida llenar ese espacio vacío como presidente del Congreso. Impulsó una depuración de los empleados del Congreso y logró la aprobación de varias iniciativas de ley.

Pero ahora que iniciamos el 2017 estamos de nuevo frente a un vacío. ¿Lograrán llenarlo?

Actores tradicionales debilitados, nuevos con insuficiente fuerza y la relación entre el poder ejecutivo y el Congreso que se vislumbra para el 2017 sugieren que continuará vacío. Formalmente existen las bases para establecer una relación que permitiría gobernar: el partido oficial tiene la mayor bancada en el Congreso, ya aseguró el control de la directiva del poder legislativo, y con ello demostró que puede lograr alianzas decisivas. Podrían esperarse iniciativas de ley impulsadas por el ejecutivo y luego aprobadas mayoritariamente por el Congreso.

Pero la composición de la bancada oficial, basada en tránsfugas, y los antecedentes de algunos de sus integrantes y de sus aliados, plantea el peligro de retornar a acuerdos negociados con base en la combinación de intereses políticos y de negocios, es decir, con corrupción. Ojalá lo frene lo hecho por el MP y la CICIG, que ya han dado un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, en el ajedrez político guatemalteco varios actores oscuros mantienen la pretensión de debilitar a ambas entidades, lo cual le puede dar esperanzas de impunidad a diputados corruptos.

A partir de lo anterior pueden imaginarse dos escenarios.

Uno surgiría de una relación estrecha entre el poder ejecutivo y el Congreso, pero abierto a presiones y a peligros de corrupción originados en el Congreso. Se aprobarían numerosas leyes, pero existiría el peligro de volver al pasado, con un Estado condicionado por intereses propensos a la corrupción.

Otro es que el poder ejecutivo busque depender poco del poder legislativo, por los peligros que implica. Se reflejaría en una agenda legislativa poco ambiciosa, aunque hubiera algunos logros acotados, quizás respaldados por otros actores, internos y externos. Es un escenario en que parte de las reformas judiciales podrían aprobarse, por ejemplo.

Ninguno de los dos escenarios conduciría a reformar de manera importante al Estado, como se contemplaba, por ejemplo, en los Acuerdos de Paz. Otros actores o eventos, especialmente externos, podrían cambiar el panorama, pero por el momento no se vislumbran escenarios más prometedores o dramáticos. Es probable que el vacío heredado del 2015 persista.

fuentesknight@yahoo.com