En el año 2012, en una columna que llamé “Racismo de Estado”, cuestioné fuertemente el trato diferenciado y preeminente que dieron en la Corte de Constitucionalidad (CC) a los personeros de una empresa minera, frente al que tuvo la representación de los Pueblos Indígenas, que demandaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Para unos hubo trato VIP: entrada por una puerta lateral para que no fueran asediados por los periodistas, bienvenida por personal de protocolo. Para los otros —los indígenas—, requisas y pedido de documentos de identidad, no digamos esperas interminables para acceder al recinto, aun y cuando eran ellos los ponentes de la acción de inconstitucionalidad.

No importó a los personeros de la CC que, desde el año 2002, la discriminación por razones étnicas estuviera tipificada como delito. Menos aún considerar que el racismo que se expresa en los gestos, actitudes y palabras de quienes ejercen un cargo público termina teniendo efectos en el fondo de los asuntos que dichos funcionarios están obligados a tratar. Como bien señalé en ese entonces: “¿Si así es el trato, qué nos hace pensar que el fallo de la Corte de Constitucionalidad no contendrá la misma dosis de racismo, deprecio y subvaloración de los argumentos jurídicos expuestos por los indígenas frente a los de los abogados de las mineras?” ¡Cabal! La Corte falló en contra de la petición de los Pueblos Indígenas de que prevaleciera su derecho a la consulta, tal y como está regulado en el Convenio 169 —del cual Guatemala es signatario—, antes de que se procediera a aprobar la ley de minería.

Hoy estamos nuevamente frente a un caso donde el racismo se ha hecho evidente. Esta vez, es en el Congreso. Una citación a la gobernadora de Alta Verapaz evidenció el rostro mordaz de esta práctica y sirvió de telón para los intereses de fondo: hincarle el diente al Listado Geográfico de Obras. Como ustedes saben, los gobernadores juegan un papel central en la definición del destino de los recursos financieros que se asignan a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para obra pública. Frente a ese jugoso botín, parece ser que cualquier método vale: descalificar, discriminar y maltratar, como hicieron con la gobernadora; o intentar “poner de rodillas”, al gobernador de San Marcos. Claro está, también existen los gobernadores que ya van alineaditos y aceitaditos, con los cuales el trato es, seguramente, de otro orden.

Quien ha sido alguna vez funcionario público sabe bien lo que puede significar una citación al Congreso en términos de atropello a la dignidad. La gobernadora de Alta Verapaz es solo la más reciente víctima visible de esta práctica, pero en su caso el agravio se ve multiplicado por el lenguaje racista aplicado a su persona.

No se le puede seguir llamando “acción de fiscalización” a los actos de humillación pública que a diario se cometen en contra de los funcionarios que son citados al Congreso. Debe haber límites al ejercicio del poder y los medios ya no deberían hacer eco tampoco de estos shows que montan los diputados para hacerse visibles.

Señora Gobernadora, nos solidarizamos con usted y le exigimos que lleve su denuncia hasta las últimas consecuencias. Al presidente del Congreso y su junta directiva exigimos que estos comportamientos racistas y opacos no sean ya tolerados. El voto de censura al diputado Giordano es un buen primer paso, pero faltan los otros involucrados. No pueden quedar impunes. Tomen cartas en el asunto y sancionen estas acciones que desvirtúan por completo la finalidad del derecho de fiscalización que les asiste.

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