A la reunión que se efectuó en el Hotel Royal Palace, zona 1, asistieron los diputados Mario Taracena (UNE), Fernando Linares Beltranena (PAN), Óscar Argueta (UNE), Carlos Chavarría (Creo) y Álvaro Arzú Estrada (Unionista). Los principales ponentes de las iniciativas contra la independencia del TSE fueron Taracena y Argueta, quienes plantearon que los candidatos a magistrados de ese organismo deben tener como requisito obligatorio que hayan militado en un partido político, permitir su reelección, quitarles la facultad de cancelar partidos y que no puedan impedir candidaturas a cargos de elección popular. Según Taracena, la propuesta ya no tiene la intención de responder al clamor ciudadano. El objetivo es apropiarse del TSE, con lo cual la clase política no tendría ninguna cortapisa para manejar el financiamiento electoral a su gusto, impulsar campañas adelantadas, imponer como candidatos a contratistas del Estado o políticos con problemas legales.

La idea de llevar como magistrados del TSE a políticos partiría del concepto de que entre bomberos no se machucan la manguera, con lo que eliminarían toda posible fiscalización de un ente autónomo de los partidos políticos. Tal iniciativa también tendría por objeto que las plazas de magistrados, que podrían subir de cinco a nueve titulares, las negociarían entre los mismos partidos políticos, o sea más plata para sus bolsillos, con el valor agregado de que podrían poner a los más incondicionales. La posibilidad de la reelección también juega a favor de la lealtad partidaria porque podrían castigar con el voto en contra a quien haya actuado en detrimento de la partidocracia. Para que no quedaran dudas de su adhesión a esa monstruosidad, el diputado Linares Beltranena expresó: “No queremos independencia (del TSE), queremos rectitud, otros valores”. Pero si algún magistrado político saliera respondón, Taracena propone dotar al Congreso de la potestad de cambiar magistrados con el voto de 105 diputados. “Si pudimos bajar a un presidente de la República —en referencia a Pérez Molina—, no digamos a un magistrado”, se escucha decir a Taracena en el audio de Nómada.

Es difícil que esa iniciativa no haya tenido el visto bueno de más de un partido político, en particular la UNE. La propuesta surgió después de que el TSE advirtiera sobre la posibilidad de cancelar ese partido y el FCN por opacidad en el financiamiento electoral. Al final los magistrados electorales actuaron en forma timorata porque solo impusieron sanciones económicas y se hicieron de la vista gorda con la evidencia que presentaron el Ministerio Público y la Cicig sobre financiamiento ilegal de Tigo a la UNE. De esta forma se evidencia cómo el Congreso y la partidocracia conspiran contra la transparencia y la fiscalización, y que en aras de consolidar su poder están dispuestos a destruir los mecanismos de control democrático.