Durante la audiencia del viernes, en el proceso contra Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de Guatemala, su abogado, César Calderón, intentó desmantelar, uno por uno, los cargos formulados conjuntamente contra su defendido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Pesa sobre él la acusación de haber cometido los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y cohecho pasivo.

La conclusión del abogado Calderón es que no existe prueba alguna, eficiente, que determine más allá de toda duda razonable que Pérez Molina actuó desde su cargo de presidente de la República, como jefe de la red delictiva denominada La Línea la cual, en un período relativamente corto, se embolsó ilegalmente cerca de veintinueve millones de quetzales, provenientes de sobornos a importadores de mercancías, y una parte de ese dinero fue a parar, según el Ministerio Público, a la fortuna personal del gobernante.

El discurso del defensor, sin embargo, principió como no debería haber principiado, al “regañar” —por decirlo de alguna manera— al juez Miguel Ángel Gálvez al que acusó, con voz tonante, en presencia de periodistas nacionales y extranjeros, de haber adelantado opinión contra el expresidente, por lo que estaba obligado a inhibirse de seguir conociendo el caso. No lo recusó, dijo, porque no quiere que se diga que está utilizando maniobras para retardar deliberadamente el desarrollo del proceso penal.

Fue, en mi opinión, una forma impropia e innecesaria de tratar al juez y, en este punto, necesario es recordar que la falta de respeto a los jueces es, en muchos países, un acto inadmisible y sancionable. El 10 de febrero de 2011 el Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sancionó con un año de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Fernando García Gudiel, uno de los defensores del general Efraín Ríos Montt, procesado por el delito de genocidio, por haber faltado el respeto a Iris Yasmín Barrios Aguilar, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, y a los jueces Pablo Xitumul de Paz y Patricia Isabel Bustamante García.

Hay que poner atención en lo sucedido porque ningún abogado litigante debe dar cátedra a los jueces —aunque en el fondo exista razón— porque hay un principio respetable según el cual el juez conoce el Derecho; de manera que todo abogado litigante, por muy docto y experimentado que fuere, no es más que el juez ni tampoco es menos; igualdad que obliga al respeto recíproco.

En fin, lo importante que se vio en esa fase del proceso es que ambas partes están fuertemente pertrechadas para hacer valer sus argumentaciones y contra argumentaciones, todo lo cual hace prever el desarrollo de un proceso penal correcto, extraordinario, histórico y aleccionador. Un proceso cuya importancia hace que sea noticia casi diaria en miles de medios de comunicación social, en todo el mundo.

Desde mi óptica muy particular, el Ministerio Público y la Cicig han presentado una acusación verdaderamente sólida contra varios de los aprehendidos. El fiscal José Antonio Morales y sus colegas han hecho un trabajo de investigación extraordinario. Su intervención oral, al igual que las de los otros abogados que comparecieron en la audiencia en el papel de acusadores, ha puesto en claro varios extremos: uno, que la existencia, funcionamiento y protección oficial de la red de defraudación fiscal, en el ramo de aduanas, son realidades innegables; dos, que se trata de una actividad que obligadamente debe tener consecuencias penales; y tres que hay funcionarios, empleados públicos, y empresarios particulares involucrados en la red delictiva. Su tarea ahora consiste en probar plenamente sus afirmaciones.

Y cuando el actual proceso termine, con condenas o absolciones, será necesario comenzar la búsqueda de los integrantes de otras redes criminales enquistadas en instituciones públicas que, hasta el momento, no han sido tocadas.