La coyuntura ha sido aprovechada por autoridades, políticos y activistas para realizar actividades en las que nadie se fija. Unos 20 elementos de la Policía Nacional Civil fueron detenidos este miércoles por agentes de la PNC, señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de cometer el delito de ejecución extrajudicial. Cita en su artículo del jueves José Manuel Patzán, en este matutino.

Los detenidos, como en otras ocasiones, no hacían más que cumplir con su deber al tratar de rescatar a ocho agentes detenidos por un grupo de “campesinos “que estaban enfurecidos porque se había detenido a dos activistas de la ONG conocida como Codeca, que entre otras cosas se dedica a robar energía eléctrica y cobrarla a un precio más barato; eso sí, sin facturas y sin declarar impuestos. Los detenidos estarían implicados en la muerte de campesinos en Raxruhá, Alta Verapaz, durante la liberación de ocho agentes de la Policía, en agosto de 2014. En la ruta a Raxruhá, campesinos bloquearon Samococh y otros lugares, lo que causó el enfrentamiento. Por supuesto, los “campesinos “no iban armados con cerbatanas con maicillo, allí se trató de repeler a la Policía a balazos. El 15 de agosto de 2014, un operativo realizado por un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en Raxruhá, Alta Verapaz, dio como resultado el rescate de ocho elementos de la institución, que fueron retenidos por pobladores.

La captura de tres líderes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), en Raxruhá, Alta Verapaz, cuyos nombres se desconocen, desató enfrentamientos entre campesinos y policías, y dejó tres pobladores muertos, otros tres heridos y la retención de seis agentes. Algunos agentes heridos fueron llevados al Seguro Social.

Se supo que hay campesinos detenidos, pero se desconoce cuántos y sus nombres. Para variar, Carlos Artola, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, hizo un llamado al diálogo y no a la confrontación, siguiendo la misma tónica. Para ellos se debe dialogar ante el delito, no importa si es usurpación, asesinato o secuestro. El hecho de exigir el cumplimiento de la ley es punible según los magistrados de conciencia, lógicamente apoyados por la Cicig y el Ministerio Público, que parece seguir la línea de la mal recordada fiscal Claudia Paz y Paz. ¿A dónde quiere llegar el Ministerio Público? ¿Querrán que con estas acciones ya la Policía Nacional Civil se retire de los territorios de nadie que pretenden el CUC; Codeca, Uvoc y otros?

Hoy la Cicig se siente envalentonada, pues un raquítico logro la ha prestigiado entre los que solo ven los árboles y no el bosque. Seguirán sin que su mandato se cumpla a cabalidad, pero esta acción le garantizó su permanencia con todos los privilegios intactos y con mano libre para seguir contratando “colaboradores eficaces”. La persecución penal de cientos de corruptos en ministerios y secretarías está por verse y no gustaría que ciertas prohibiciones que tienen los empleados y funcionarios de la SAT fueran extensivas a todos los empleados públicos, y está en la Ley Orgánica de Superintendencia de Administración Tributaria, decreto número 1-98 artículo 41. Prohibición.- El superintendente de Administración Tributaria, los Intendentes y demás personal de la SAT, mientras ejerzan sus cargos, no podrán: c) Solicitar o aceptar, directa o indirectamente, de los contribuyentes, responsables tributarios o de los usuarios de los servicios aduaneros, dádivas u obsequios de cualquier naturaleza con motivo del ejercicio de sus funciones. Esta prohibición se extiende a los padres, cónyuges e hijos de los mismos.

En fin estamos en medio de la vorágine.

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