El viernes 26 de junio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una propuesta para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El proceso de construcción de la iniciativa fue participativo. Espacios ciudadanos como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE), la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep), universidades, centros de investigación, organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas, sector privado y entidades que han realizado observación electoral, fueron escuchados y sus propuestas tomadas en cuenta.

La iniciativa de ley del TSE es integral y responde —en gran medida— a las exigencias de las y los ciudadanos que estamos cansados de la corrupción y de que el Estado se haya convertido en un botín para los políticos y sus financistas.

El texto promueve reformas para atacar los grandes males del sistema: acota el financiamiento privado y fortalece el financiamiento público, establece controles estrictos sobre el uso de los recursos y los distribuye para actividades de formación y capacitación, además de actividades de funcionamiento; fortalece las capacidades del TSE en el ámbito de la supervisión y la sanción, y plantea la obligación para la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Telecomunicaciones de trasladar información al TSE cuando le sea requerida. También incluye el acceso de las organizaciones políticas a los medios de comunicación masiva, a través de la distribución equitativa de tiempos y espacios.

Promueve la democratización interna de los partidos políticos, a fin de romper el esquema actual de “partidos-empresa” o “partidos con dueño”, incluye la igualdad en la participación de mujeres y pueblos indígenas a través de la paridad (50/50) y la alternancia en la elaboración de los listados a todos los cargos de elección popular. Permite a los comités cívicos postular candidatos a diputados del Congreso y de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, y les da carácter permanente cuando alcancen una diputación. Castiga el transfuguismo, cuando propone que si un diputado quiere abandonar la bancada, debe renunciar y la curul será ocupada por un diputado del partido representado; limita la reelección a un período y da validez al voto nulo, estableciendo que si en una elección los votos nulos sumados fueran más de la mitad de los votos válidamente emitidos, la misma deberá repetirse con nuevos candidatos.

El TSE recogió el clamor popular y lo plasmó en una propuesta de reforma que el Congreso deberá aprobar sin dilaciones. Sin embargo, dejó fuera del texto la posibilidad de que algunas de estas reformas tengan vigencia inmediata, y puedan aplicarse para el presente proceso electoral. Y eso es claramente una falencia de los magistrados, porque hay un amplio consenso social respecto de que es necesario cambiar de manera inmediata algunas de las reglas del juego, para no elegir más de lo mismo.

La pelota está ahora en la cancha del Congreso. La presión ciudadana deberá centrarse en el Legislativo, en dos vías: la aprobación íntegra de esta propuesta de reforma y la vigencia inmediata de algunos de estos artículos.