Prensa Libre informaba ayer sobre el excesivo consumo de cocaína en Estados Unidos y sus efectos en nuestro país: “Autoridades estadounidenses estiman que se trata de unas 700 toneladas anuales —el 90% de las cuales se estima pasa por Guatemala—… el Departamento de Estado de los EE. UU. estima que solo por Guatemala se traficaron 1 mil 400 toneladas métricas —posiblemente también por la producción en otros países además de Colombia, Venezuela, por ejemplo—. Eso significa que en Guatemala solo se incautó entre el 1% y el 1.4% de lo que EE. UU. estima que se trasegó”.

Guatemala y México por sus posiciones geográficas son el territorio necesario para el tránsito de la droga al mayor mercado mundial, EE. UU. consume un tercio de la cocaína mundial y por eso el narco habita junto a nosotros. El dinero del narco financia negocios, profesionales, políticos, deportes, escuelas y, sin duda alguna, los bancos son incapaces de ver la magnitud de las cataratas de dinero ilícito que entran a sus cuentas y luego estas mismas instituciones lo prestan a chambeadores legítimos con groseros intereses.

Un país con instituciones débiles y un gobierno que desarticula, como política pública los cuadros técnicos de la policía nacional, se enfrenta al Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría de Cuentas y Corte de Constitucionalidad, muestra que eso llamado República le es ajeno y por si fuera poco, altos mandos del Ejército se han visto acusados y procesados por su narcovinculación.

La corrupción es la mejor aliada del narco y esta ecuación no tiene variantes, y lo más grave, lo vemos como parte del paisaje: “tal vecino es narco”, “ese nuevo compañero es hijo de narco”, “ese restaurante es de narcos”, “ese carro parece de narco”, “aquel tiene planta de narco”. Lo normalizamos y poco más puede decirse.

La amenaza del narco es real y este gobierno en especial, con sus enfrenamientos constantes construye un campo fértil para que territorios enteros sean invadidos de narcodelincuentes que someten con terror a la población y llegan a ser directamente responsables de muertes de periodistas departamentales que tocaron “fibras delicadas”, como tantas veces denunció la amiga Iliana Alamilla.

Con narcos por todas partes, los diputados deberían estar medio interesados en dejar “algo” para combatir un crimen global, pero a algunos —el partido oficial y sus aliados, por ejemplo— solo les interesa gozar de su calidad de virreyes.
El caso del hijo del diputado Juan Ramón Lau muestra un sistema de justicia grosero contra quien no tiene la protección real de esta comarca. Felipe Alejos salió airoso de la solicitud para ser investigado y es protegido por buena parte de la “alta sociedad” porque acá eso de República es un término mercadológico.

Juan Ramón Lau, Felipe Alejos y tantos otros pueden en nuestro país hacer lo que se les dé la gana porque nosotros, los habitantes, no estamos empeñados en construir un sistema que por lo menos garantice los mínimos principios republicanos y dentro de ellos la igualdad ante la ley es básico. La economía de mercado requiere de reglas claras para subsistir y esto parece no entenderse.

En este contexto, no podemos más que recordar a Max Weber: “…el moderno capitalismo industrial racional necesita tanto de los medios técnicos de cálculo de trabajo, como de un derecho previsible y una administración guiada por reglas formales; sin esto es posible el capitalismo aventurero, comercial, especulador, y toda suerte de capitalismo político, pero es imposible la industria comercial privada con capital fijo y cálculo seguro”.

Vivir entre narcos y virreyes es peligroso, solo alimentamos una bomba de presión ¿o no?