La respuesta es, en mi opinión, que no. Que la Corte de Constitucionalidad está sujeta a la Constitución y a las leyes. Sus integrantes tampoco son “intocables” ni pueden proceder, en el ejercicio de su cargo, arbitraria o antojadizamente. ¿Cómo, entonces, es que afirmo, al mismo tiempo, que la persecución penal, a la que pudiera dar lugar el antejuicio —y este mismo— son ilegales?

El punto es el siguiente: la CC, de manera especialmente significativa, resuelve grandes conflictos. Se relacionan con las elecciones, con los derechos de los pueblos indígenas, con la libertad individual, con el derecho al trabajo, con el conflicto armado, con la libertad de prensa y mil cosas más, casi siempre, para precisar los límites de los poderes del Ejecutivo, del Legislativo, de otros tribunales y de cualquier órgano o entidad del Estado, e incluso particulares, que actúen con autoridad.

Carecería de sentido darle a cualquier tribunal tales atribuciones, sin independencia. Por eso, la Constitución (Arto. 268) establece que la CC actúa “con independencia de los demás organismos del Estado” y el artículo 167 de la ley constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (Laec) prescribe que los magistrados de la CC “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”. El artículo 185 añade el corolario necesario, es decir, que las decisiones de la CC “vinculan al poder público y órganos del Estado, y tienen plenos efectos frente a todos”.

¿Cómo debe entenderse, entonces, que de conformidad con la Laec, los magistrados de la CC cesan de ejercer su función, entre otras cosas, “por motivación de auto de prisión” (Arto. 161)? Esto solo puede entenderse, creo, en el sentido de que son responsables penalmente por la comisión de cualquier delito cuyo objeto no sean “las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

¿Cabe, entonces, que un magistrado de la CC pueda cometer prevaricato o dictar resoluciones contrarias a la Constitución? Entiendo que eso depende de que se identifiquen signos o indicios objetivos que conduzcan a vincular causalmente dos cosas, a saber: por un lado, la cognición por parte del magistrado de que la resolución que se propone respaldar con su firma es contraria a la Constitución o a la Ley y, por el otro, que dolosamente o a sabiendas concurra a pronunciar la resolución violatoria.

Como nadie puede “meterse en la cabeza” de los magistrados y determinar que ese ha sido el proceso intelectual y volitivo que ha tenido lugar, es necesario contar con dichos signos o indicios objetivos. De lo contrario, la cuestión se reduciría a la opinión de otro intérprete, contraria a la de la CC, como fuente de la responsabilidad penal.

Además, creo que es muy importante intentar aclarar que ninguno de esos delitos se comete por el mero hecho de que, por ejemplo, en la opinión de los integrantes de una asociación “X”, una resolución de la CC sea contraria a la Constitución. Se requiere, en ambos casos, probar el dolo. Es decir, probar una “voluntad deliberada de cometerlos a sabiendas de su carácter delictivo” (DRAE). Y eso tiene que probarse remontando la presunción de inocencia.

Algunos piensan que es excesivo que, para denunciar la posible comisión de un delito, sea necesario identificar indicios objetivos de que se ha procedido con dolo, olvidando que esa garantía existe para cualquier persona. A los magistrados, además, se les protege de toda persecución por las opiniones expresadas en ejercicio de su cargo; de lo contrario, el control de constitucionalidad sería una quimera.