Pero, por otro lado, hay una realidad política asfixiante que daña a la economía. La decisión de invertir depende de riesgos y de expectativas de ganancias. Cuando se está reduciendo la capacidad de que los jueces sean independientes, aumenta el riesgo para los empresarios honestos.

Cuando numerosos diputados en el Congreso y altos funcionarios acuden a la política para hacer negocios, el empresario honrado enfrenta competencia desleal y esta situación estimula a que potenciales emprendedores jóvenes busquen ingresos fáciles e ilegales. Cuando la ejecución del presupuesto va acompañada de corrupción y despilfarro, no solo se desprestigia el Gobierno, sino la función pública en general, y aquellos que podrían haber sido honestos y eficaces servidores públicos son sustituidos por personas incapaces e inescrupulosas que solo defienden sus intereses.

Cuando por segundo año consecutivo se corre el peligro de no contar con un presupuesto nacional aprobado como consecuencia de intereses políticos inmediatos, la falta de rumbo de la política económica se ratifica y la incertidumbre financiera aumenta. Cuando se crean opciones de obtener seguras ganancias mediante la compra de bonos en vez de utilizar esos fondos para invertir, las bases para un crecimiento sostenible se destruyen. Y la lista puede seguir.

Cuando el costo de cubrir de manera privada la seguridad aumenta, se reducen las ganancias esperadas y se invierte menos. Cuando la educación pública no asegura una amplia oferta de trabajadores bien capacitados, no aumenta la productividad, pero sí la desigualdad.

Un Estado que no funciona daña a la economía. Lo refleja un altísimo y permanente subempleo, como lo reportó el INE recientemente, y la falta de interés en invertir, como lo puso de manifiesto una encuesta empresarial de Asíes que se dio a conocer la semana pasada.

El presupuesto nacional de un país, como el de una familia, es uno de los medios más importantes para cumplir con propósitos básicos. Rescatar un mínimo sentido de dirección de la política económica requiere del Congreso la aprobación del presupuesto para el 2015. Requiere cambios, como no transferirle recursos a fideicomisos y ponerle un techo a gastos de excepción.

Pero si la atención del Congreso se centra primero en la aprobación de los Q4 mil millones de bonos, el presupuesto no será aprobado: no habrá tiempo para hacerlo. Por eso el Congreso debería aprobar primero el presupuesto 2015 y después evaluar lo que hará con los bonos.

Aprobarlos no debería depender de intereses políticos inmediatos, sino de contar o no con compromisos precisos y monitoreables, tanto del destino de los recursos obtenidos de los bonos como del resto del presupuesto para lo que resta del año.

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