En algunos aeropuertos grandes y modernos funcionan aparatos que pueden detectar, entre miles de viajeros, a criminales, particularmente terroristas.

Todo consiste en escanear el iris, hacer reconocimiento facial, analizar huellas dactilares y escuchar la voz de los pasajeros para atrapar a indeseables y para descubrir pasaportes falsos.

Todo eso es posible por el uso de la biometría aplicada a los sistemas de seguridad que funcionan en casi todo el mundo.

La biometría es una ciencia ligada estrechamente a los avances de la tecnología que hace muchos años era aplicada rudimentariamente en China. Pero, hoy en día, es uno de los lujos de la modernidad para el reconocimiento de personas, lo cual también hacen los chinos.

Una definición simplista describe a la biometría como “el estudio estadístico y matemático de los fenómenos biológicos” y otra muy complicada lo hace en los siguientes términos: “la biometría es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de procesos biológicos. Se llama también biometría al estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos”.

Es algo que tiene diversas aplicaciones y como era de esperarse la necesidad de controlar a los que padecen ansias de poder, pero tienen conducta irregular, ha permitido que la biometría ingrese al campo de la política partidista especialmente en momentos preelectorales.

En Colombia, por ejemplo, las autoridades la han utilizado para evitar fraudes electorales en zonas donde se producen con mayor frecuencia. Así que sería útil intentar aplicarla en Guatemala, especialmente si se trata de elecciones generales, para prevenir fraudes. El problema es que el Tribunal Supremo Electoral, no obstante sus aciertos, carece de dinero para adquirir el sistema.

Y hay momentos en los que la biometría política resulta necesaria, como estos días cuando un quinteto de legisladores ha resuelto darse de cabezazos con los intereses legítimos de la población, en un intento por cercenar la libertad de expresión.

Olvidan que esa libertad no es exclusiva para los periodistas, sino patrimonio de todos los guatemaltecos. Patrimonio insustituible. Pero, los citados legisladores no quieren que los candidatos a cargos de elección popular, especialmente los que aspiran a obtener escaños en el Congreso de la República o puestos en los otros dos organismos estatales, en las municipalidades y en el Parlamento Centroamericano, sean objeto de señalamientos por la comisión de hechos con apariencia de delito, o delitos en sentido estricto. Proponen, pues, una censura cómplice. Una especie de ley del silencio forzoso, pues los electores se tendrían que conformar con una larga espera de los antejuicios contra sus líderes, una vez electos, y ya sabemos cómo funciona en Guatemala esa garantía pre procesal. Suelen ser la tapadera de la corrupción nacional.

El legislador correcto, por el contrario, debe estimular la crítica pública, los señalamientos fundados contra toda clase de candidatos, porque el germen de lo impropio y del crimen nace en la primaria selección de candidatos, tanto en la capital como en el interior del país.

Y la responsabilidad de una depuración anticipada recae en los líderes políticos nacionales.

Por todo ello es necesario acuñar el perfil biométrico de los políticos, en una forma parecida a lo que se hace en los aeropuertos: apartar de la larga fila de candidatos a los malos de los buenos. Y el mejor escáner se encuentra, sin duda alguna, en la libertad de expresión.