La declaración en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón Rojas dejó al descubierto la conformación y el modo de operación de una red político-económica ilícita (RPEI) que tenía a la cabeza nada menos que al anterior binomio presidencial.

A medida que se escucha el audio va quedando claro cómo se entretejen las relaciones y se van articulando los engranajes en distintos espacios y con diferentes actores —pertenecientes a sectores clave— para echar a andar lo que se denomina empresarialidad criminal compleja.

En el relato van apareciendo poco a poco las piezas de un rompecabezas que ya armado muestra la interrelación entre funcionarios de gobierno, militares y exmilitares, empresarios, jueces, abogados, sindicalistas corruptos y autoridades de entidades llamadas a proteger los intereses del Estado (la PGN y la CGC). Lo más llamativo de todo esto es que algunos de estos actores hoy ocupan cargos aún más importantes que los de aquel momento, lo que demuestra que los “favores” se pagan muy bien y que a los “amigos” se les recicla para garantizar fidelidad e impunidad.

Pero no se trata solamente de una historia contada por Monzón Rojas, como quiere hacerlo ver Pérez Molina. Las afirmaciones del colaborador eficaz están respaldadas con pruebas que se encontraron en los allanamientos y que corroboran sus dichos. Una primera conclusión es la importancia que tiene contar con una ley contra la delincuencia organizada y la aplicación de los métodos especiales de investigación.

Para poder realizar el negocio con TCQ se movieron muchas piezas en el tablero, incluyendo los alfiles que lograron revertir un amparo que lo tenía detenido. De acuerdo a lo revelado, la persona que facilitó la operación fue electa meses después como magistrado a la CSJ. Y es muy difícil no pensar que aquella generosidad no haya sido recompensada con los votos del entonces partido oficial en contubernio con quienes se suponía ganarían la siguiente elección. Amor con amor se paga, o lo que es lo mismo, favor con favor se paga.

Lo anterior demuestra —por si quedaba alguna duda— que el mecanismo de elección a través de comisiones de postulación fue cooptado y se convirtió en la mejor manera de garantizar el control del sistema. Las organizaciones de sociedad civil que vigilaron el proceso, columnistas y analistas e incluso un buen grupo de jueces decentes denunciaron con pelos y señales los vicios de la elección y sin embargo la anterior CC —por mayoría— avaló el proceso, ignorando incluso el contenido contundente del audio presentado por la entonces magistrada Claudia Escobar.

Ahora nos encontramos ante la penosa situación en la que al menos un par de miembros de la CSJ son sospechosos de formar parte de la mafia que permitió el sucio negocio de TCQ. En manos del Congreso está la solicitud de antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal; habrá que ver si los diputados de la comisión pesquisidora actúan de forma independiente o se atrincheran si sienten que tienen la cola machucada y aplican la máxima de “hoy por ti, mañana por mí”.

Evidentemente desmantelar estas redes criminales y de tráfico de influencias pasa necesariamente por reformas profundas al sistema que permitan que las cortes —desde un juzgado de paz hasta la misma CSJ y la de Constitucionalidad— se integren a través de procesos que garanticen independencia, honorabilidad e idoneidad. Ni modo que para resolver el problema terminemos por agotar a los buenos jueces y dejemos que las manzanas podridas sigan como si nada contaminando el sistema.

@MarielosMonzon