Las próximas elecciones en las repúblicas de Guatemala y Nicaragua plantean en la mesa de discusión de Centroamérica un punto que constituye el corazón de las virtudes o vicios del sistema democrático en estas latitudes.

El sistema de financiamiento de los partidos políticos tiene una relación directa con la calidad de la democracia porque puede contribuir a su desarrollo y consolidación —imperio supremo de la ley— o, en un sentido contrario, a su debilitamiento, y con ello a la creación de escenarios caóticos.

Un sistema adecuado de financiamiento político coadyuva a la representación legítima democrática. La infiltración del dinero ilícito distorsiona el equilibrio en la competencia y en la representación electoral (Gutiérrez & Zovatto, 2011). Primero, porque el grupo que actúa fuera del marco de la ley asegura la victoria de sus favoritos, excluyéndose así al liderazgo local-natural reconocido por los ciudadanos; segundo, porque se coopta a los máximos funcionarios públicos del país, y, tercero, porque el financista se convierte, una vez que ganó su agrupación política, en el contratista oficial del Estado. Hay un círculo perverso de influencias. La elección debe asegurar la representación legítima electoral.

El equilibro entre el financiamiento público y el financiamiento privado, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, contribuye a la buena salud democrática. Los ciudadanos tienen el derecho a saber cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos políticos en la contienda electoral. La cultura de rendición de cuentas y transparencia aún es un desafío serio en los países de la región. Casas (2002) señaló hace un tiempo que en Centroamérica el financiamiento privado representa la mayoría de los recursos empleados en las campañas electorales. A esto hay que agregar que los donantes centroamericanos no tienen ninguna obligación de informar o publicitar sus contribuciones. El Derecho está llamado a dar una respuesta a esta situación. Hay que encontrar un equilibrio entre las dos modalidades de financiamiento.

Todo sistema de financiamiento, amigable con los postulados de la democracia en este tiempo, debe tener a bien considerar algunos lineamientos básicos globales. En la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana se ha abordado recientemente esta temática, y se han identificado algunos parámetros mínimos: 1. regulación eficiente de las donaciones privadas, 2. establecimiento del financiamiento público como expresión de equidad, 3. creación de un techo límite en el gasto de los partidos políticos, 4. divulgación amplia de los informes financieros presentados por los partidos políticos (para que sean sujetos de auditoría institucional y social) y, finalmente, 5. aseguramiento del financiamiento político a mujeres (Higonet, 2015). Hay que agregar en este punto el financiamiento a los pueblos indígenas. Todo esto debe ser acompañado de una institución electoral con el suficiente poder para asegurar su cumplimiento, mediante un sistema sancionador disciplinante y disuasorio.

El financiamiento de los partidos políticos debe contribuir a la representación electoral legítima, a través de una modalidad que equilibre el financiamiento público-privado. Esto implica la rendición de cuentas y la presencia de un órgano de control riguroso que sea auxiliado de una amplia auditoría social y académica. Si esto ocurre, el financiamiento se convertirá en el corazón de las virtudes del sistema democrático en Centroamérica. Será un logro cívico de personas pensadoras y hacedoras.

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