El 2 de septiembre de 2018, escribí una columna en la que anticipaba la posibilidad de que Jimmy Morales y sus aliados terminaran por desacatar las disposiciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevando al Estado hacia un rompimiento constitucional. El fin de semana se cumplió este hecho, cuya anticipación no requiere de una bola de cristal sino de una simple observación de cómo se han perpetuado ilegalmente en el poder los dictadores Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras).

A pesar de no haber conseguido expulsar al investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desobedeciendo una orden de la CC —gracias a ciudadanos y colectivos sociales que salieron a las calles a protestar y al trabajo eficaz de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y los cuatro magistrados de la CC, quienes, en el marco de la ley, impidieron el Moralazo— no se debe menospreciar la estrategia antidemocrática impulsada por Molares, la que sin ninguna duda tiene incluidos otros intentos en el futuro cercano (hoy, mañana, pronto) y en el tiempo que les queda en el Ejecutivo.

Una de las consignas de este fin de semana fue “¿A qué le tienen tanto miedo?”, no solo por los cientos de policías apostados en el aeropuerto —para protegerlo de los ciudadanos que manifestaban en paz y del investigador de la Cicig— sino por la torpeza de sus acciones. Morales y sus aliados están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida.

Este nuevo intento de lograr el Moralazo sirvió para comprender con mayor precisión quiénes están avalando esta empresa insensata. El silencio es una respuesta, y este fin de semana actores importantes por su peso político se quedaron callados, como lo hacen los cómplices. Entre estos destaco algunos: la candidata presidencial del partido más grande (dizque) de oposición, Sandra Torres; los voceros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), voceros porque cada vez queda más claro que no representan al sector empresarial. La gran mayoría de iglesias, los sindicatos, las universidades privadas y los colegios de profesionales permanecieron callados. Esperable el silencio de la gran mayoría de los diputados del actual Congreso de la República.

Por el contrario, fueron alentadoras las acciones de los diputados del Frente por la Transparencia, de las organizaciones estudiantiles de diferentes universidades, de movimientos indígenas y campesinos y de organizaciones sociales que desde la justiciabilidad luchan por el respeto al orden democrático. En la arena política fue tranquilizadora la postura en contra del Moralazo, del Movimiento Semilla, de Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos partidos, si logran construir una agenda con comunes denominadores, podrían ganar adeptos y ser representantes, en la próxima legislatura, de mayorías ciudadanas cada vez más conscientes sobre la necesidad de cambios estructurales. Una agenda con cuatro puntos mínimos: consolidar el marco legal e institucional para acabar con la corrupción y la impunidad; terminar con los nefastos monopolios económicos y mediáticos; eliminar en toda la institucionalidad pública el rasgo fascista y pro corrupción de tener representantes empresariales tomando decisiones sobre lo público; y proponer una agenda moderna para la protección social y la reactivación económica, urbana y rural, con una política fiscal justa.

Florecerás, Guatemala. Sí.

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