Esta modalidad de robo llamada corrupción viene agravándose de gobierno en gobierno. Unos aprenden de otros y muchos creen que tener la oportunidad de tomar dinero del erario público y no hacerlo los convierte en mentecatos, pues pierden la posibilidad de mejorar su estatus y, en fin, que no pasa nada o muy poco si los descubren. Lo peor que puede sucederles es enfrentar la justicia, que es muy benigna en estos casos y, con unos meses en prisión, al salir disfrutarán de su botín, y si acaso sufren algún desprestigio, piensan que “la vergüenza pasa y la plata se queda en casa”.

¡Cuántos casos de estos no tenemos en Guatemala que ilustran lo beneficioso que resulta a los inescrupulosos delincuentes actuar como acostumbran sin que las consecuencias sean catastróficas para ellos! Y como, lamentablemente, la honorabilidad y la honradez que  para nuestros abuelos era importante ya están pasadas de moda, la justificación se hace más fácil, pues carecen de ese obstáculo ético.

Pero ese abuso de poder tiene también otras connotaciones. A esos empleados del Estado se les olvida que ellos solo son custodios de la información y no sus dueños. Con frecuencia encontramos intentos de coartar ese derecho humano de acceso a un bien que nos pertenece a todos, que no es exclusivo de los periodistas, ni un artículo de lujo. La información es fundamental para la transparencia, para la reflexión, el análisis y para contar con elementos suficientes para participar en la toma de decisiones o auditarlas.

Hace pocas semanas, el Tribunal Supremo Electoral negó información a este medio; hace unos días la Superintendencia de Administración Tributaria recurrió a una forma encubierta, cuyo objetivo es obstaculizar el acceso de información requerida por reporteros; el Registro de la Propiedad también intentó retener información que, por ley, debe estar en su portal electrónico, disponible para quien quiera consultarla.

El derecho a la información y el acceso a las fuentes, que son garantías contempladas en la legislación nacional y amparada en convenciones, pactos y declaraciones internacionales, nos corresponde a todos y todas. El acceso a la información es considerado un componente vital de la libertad de expresión y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

Desafortunadamente, estos derechos son poco reivindicados a pesar de ser esenciales.

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