A contraluz

Golpe a la institucionalidad del país

Haroldo Shetemul @hshetemul

El presidente Jimmy Morales presentó el lunes un grotesco espectáculo para justificar su decisión de terminar con el convenio que da vida a la Cicig. El primer acto de ese show fue un insulto a la justicia al dar el micrófono al ruso Igor Bitkov, un delincuente que ha sido condenado dos veces por haber ingresado al país, junto con su familia, con documentación falsa, pero lo presentó como víctima de la comisión antimafias. Jamás el gobernante se pronunció por los niños migrantes muertos en EE. UU. y ahora aboga por migrantes rusos que compraron documentos falsos. Esto fue una bofetada a la supuesta soberanía que defiende. En realidad, no es un hecho aislado de todas las acciones que ha emprendido el mandatario y cuyo objetivo es sacar a la Cicig para que todo vuelva a la sacrosanta impunidad. El mandatario hizo gala de soberbia, mintió, escupió sobre la Constitución y se pasó llevando a la Corte de Constitucionalidad (CC) y al Ministerio Público (MP). Se erigió como el poder absoluto, un dictadorzuelo.

No nos llamemos a engaño. Jimmy Morales no está loco y no son acciones personales las que lleva a cabo animado por la ira. No. El presidente es solo el ejecutor de un golpe a la institucionalidad del país, diseñado cuidadosamente por poderes fácticos, que tienen su máxima expresión en la cúpula del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), aliado con sectores militares y de la derecha más radical. Esas estructuras paralelas han sido las responsables de que el país nunca se libere de la corrupción y la impunidad porque necesitan de estas para enriquecerse. Son las mismas élites que le han abierto espacio al crimen organizado porque le sirven de lavandería para el dinero sucio. Esos son los intereses que están siendo protegidos por el rocambolesco espectáculo que brindó el mandatario y que hizo recordar sus orígenes como comediante.

La existencia de la Cicig no afecta para nada a la población de a pie. A usted, estimado lector, ¿en qué le daña que esa comisión investigue a las mafias que se roban el dinero que proviene de sus impuestos? La persecución penal de esas estructuras incrustadas en el sector privado, en el Ejército, partidos políticos y redes de funcionarios corruptos no afectan a los guatemaltecos que viven de su trabajo honrado. Pero el presidente no los representa a ustedes. Representa a esas élites corruptas que quieren un país sin control anticorrupción. El mandatario aseguró que los procesos penales iniciados por la Cicig no tendrán dificultades. Otra mentira. Ayer se vieron afectadas tres audiencias por la ausencia de mandatarios de la Cicig debido a la crisis desatada por el gobernante. En el Mariscal Zavala los acusados de corrupción han de estar de fiesta porque si la Cicig se va podrían salir libres, burlándose de la justicia.

Las acciones del presidente son totalmente ilegales. Desde el desacato a los fallos de la CC, los cuales está obligado a cumplir, hasta dar por terminado un convenio, cuyo fin solo lo puede poner el secretario general de la ONU, António Gutérres, como está estipulado. Por esa razón, Gutérres rechazó tal decisión y exigió que el acuerdo de la Cicig concluya hasta el 7 de septiembre, como lo pidió el mandatario guatemalteco. La palabra la tienen ahora la CC y el MP como las autoridades llamadas a poner un alto a los abusos del presidente. Los ciudadanos tampoco podemos quedarnos callados ante esta atrocidad y debemos levantar nuestra voz. Vivimos momentos críticos para la historia democrática, porque las acciones tomadas por las mafias que representa el gobernante son un retroceso y un golpe a la institucionalidad del país. A nivel internacional nos coloca como un país paria, cuyo Estado acuerpa la corrupción y la impunidad, y tira por la borda una comisión cuyo objetivo es combatir esas lacras.